Foto: Twitter / @EmilioLozoyaAusMÉXICO.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, impugnó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que un juez federal le impuso por el caso Agronitrogenados.
El recurso de apelación será turnado a un Tribunal Unitario, quien determinará si la medida impuesta por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza debe prevalecer.
El 10 de noviembre, en audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a que el ex funcionario enfrente su proceso en libertad.
Los fiscales también revelaron que ese mismo día acababan de ser notificados que Emilio Lozoya había apelado la prisión preventiva justificada que se le decretó el 3 de noviembre por el caso Odebrecht.
Por su parte, el juez Artemio Zúñiga le dijo a Emilio Lozoya que por lógica no podía imponerle otra medida cautelar, porque ya estaba sujeto a la prisión preventiva justificada en el asunto Odebrecht, o de lo contrario lo dejaría en el “limbo”.
El juzgador le indicó que esto lo beneficiará en su proceso, porque podrá ser utilizado para contabilizar el tiempo que lleva interno en caso de que se emita una sentencia en su contra. Asimismo, el juez ordenó retirar el brazalete electrónico que portaba Emilio Lozoya.
Ayer, el juez federal otorgó una prórroga de 14 días al ex director de Pemex para el cierre de la etapa de investigación complementaria en el caso Agronitrogenados. Alejandro Rojas Díaz Pruneda, abogado de Emilio Lozoya, manifestó al juez de control que la FGR no les ha entregado toda la información del caso.
Ante esta situación, el juzgador mencionó que la falta de estos documentos que contienen actos de investigación podría afectar el debido proceso y la adecuada defensa del imputado, razón por la cual decidió conceder el plazo solicitado.
Por su parte, la FGR se comprometió a entregar la información a partir de hoy para que Emilio Lozoya pueda conocer la totalidad de la carpeta iniciada en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con información de Milenio
