Magistrado suspendido no declaró incremento patrimonial; su origen no fue identificado

MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura tomó la decisión de suspender al magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo al atribuírsele un incremento patrimonial que no declaró y cuyo origen no fue identificado.

 

Según documentos de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en poder de Noticieros Televisa, en las operaciones que realizó el magistrado se detectaron depósitos por 3 millones 583 mil 749 pesos con 31 centavos cuyo origen no se identifica.

La mayor parte de esos recursos corresponden a pagos de tarjeta de crédito en efectivo o depósitos y pagos con recursos cuyo origen no es identificable.

Según el Consejo de la Judicatura, esos recursos incrementaron el patrimonio del Magistrado sin que haya manifestado dicho aumento patrimonial en sus declaraciones.

Asimismo, los documentos apuntan a operaciones de personas relacionadas que también mostraron movimientos de recursos cuyo origen no fue identificado.

En el caso de Silvia Cerón Fernández, exconyuge y juez de distrito, se detectaron depósitos sin fuente identificada por un total de 10 millones 316 mil 615 pesos con 90 centavos.

Otro de los sujetos relacionados es su exconyuge María Gabriela Cruz Peraza, quien tuvo depósitos sin identificar el origen por un monto de 3 millones 621 mil 510 pesos con 90 centavos.

Elena Brito Casales, también exconyuge del magistrado, registró depósitos por 2 millones 178 mil 328 pesos con 35 centavos que incrementaron su patrimonio, pero cuyo origen no está identificado.

Gustavo Emilio Camero Ocampo, hermano del magistrado, registró depósitos sin fuente identificable por un monto total de 11 millones 794 mil 31 pesos 68 centavos.

Así, el círculo familiar tiene, según los documentos del Consejo de la Judicatura, depósitos por más de 31 millones de pesos cuyo origen no es identificable y que se presume incrementaron el patrimonio familiar sin que se declarara a las instancias competentes.

La indagatoria realizada por la Comisión de Fiscalización del Consejo de la Judicatura tomó en cuenta la información de las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de impuestos y los movimientos bancarios en el periodo comprendido entre 2014 y 2019.

Las operaciones realizadas en efectivo fueron las primeras en señalarse.

 

Con información y foto de Noticieros Televisa 

 

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