Matrimonio infantil y forzado; otra expresión de violencia contra la mujer

MÉXICO.- Hay otra expresión de violencia contra la mujer: los matrimonios forzados, que son una práctica común en varias comunidades de Metlatónoc, Guerrero, uno de los municipios más pobres de México.

 

Los padres ponen precio a sus hijas para venderlas y, entre más pequeñas, más valen.

El papá de una niña de seis años ya piensa en venderla, “antes de que la toque la Luna”, como dice el dicho local, antes de que tenga su primera menstruación. Eso le da un mayor valor económico.

El hombre que se quiera casar con ella tendrá que pagar entre 150 y 200 mil pesos a la familia.

«Yo le digo a mi esposo que la niña debe estudiar. Que estudie lo que quiera y si se quiere casar, que lo haga, que nosotros no debemos venderla. No estuvo bien lo que hicieron mis padres conmigo al venderme”, dice la señora Alfonsina.

Ella sabe lo que es, su esposo la compró cuando tenía 15 años, eso fue hace 20.

«Fueron a buscar a mi papá y él les dijo: Si la pagan, se puede ir con ustedes. Lo que cobró por mí fueron 40 mil pesos y ya no dieron para la fiesta”.

Ni siquiera conocía a quien pagó por ella.

«Cuando llegué aquí me puse a llorar, me dio tristeza porque no conocía a la familia de mi esposo ni a la gente del pueblo. Después me fui acostumbrando a la casa, llegué aquí, dejé de sufrir».

«Él no me maltrata, estoy bien. Ya no extraño tanto a mis padres, ya no extraño tanto a mi pueblo”.

Esta indígena mixteca aceptó dar su testimonio en el anonimato porque hacerlo abiertamente le costaría críticas y rechazo social el resto de su vida.

Habla porque no quiere que más mujeres, como ella y su hija, pasen por lo mismo.

Es de las pocas que se atreven a cuestionar una tradición de décadas en Metlatonoc, el corazón de la sierra de Guerrero.

Los usos y costumbres de este municipio, uno de los más pobres del país, ubicado a 10 horas de Ciudad de México, permiten ponerle precio a la mujer según su juventud y belleza, bajo el respaldo del Artículo Segundo Constitucional sobre la Libertad de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

La familia que quiera casar a su hijo debe desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la situación de las comunidades.

¿De dónde salen 200 mil pesos, cuando el menú diario en casa son frijoles y tortillas?

Don Celso es carpintero y agricultor. Él se atrevió a hablar porque es de los hombres que quieren terminar con la tradición.

Las autoridades comunitarias encontraron a su hijo y a una joven platicando a oscuras durante la fiesta de la Virgen del Rosario. Los acusaron de faltas a la moral y los detuvieron.

Para los papás de la joven y para la comunidad ella ya estaba deshonrada, así que obligaron al hijo de don Celso a pagar por ella. Pedían 180 mil pesos.

«Lo que pasó es que la misma autoridad, a petición mía, porque no tenía esa cantidad, entró en razón y se negoció el precio. Y de los 180 mil que pedían, la misma autoridad me dijo que ellos pondrían la tarifa: 80 mil. Eso fue lo que pagué. A los tres meses ella dejó a mi hijo”.

Don Celso tuvo que recuperar ese dinero y ganó un poco más. Vendió a su hija por 115 mil pesos.

«Durante ese proceso yo estaba muy enfermo, estaba recaído, ni siquiera supe a dónde se fue esa cantidad. Cubrí algunas deudas que tenía y compré los medicamentos que necesitaba. Así fue como gasté ese dinero”.

Otros venden su ganado, sus tierras o adquieren deudas prácticamente de por vida que tienen que cubrir emigrando cada seis meses a Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Morelos y Michoacán, para el corte de chile, limón y aguacate, con todo y mujer recién comprada.

«Ella tiene que pagar lo que se gastó por su compra. Suena a lo mejor brusco, pero es más tratada como una esclava que como una persona. Ya que haya terminado de pagar, pagarle a sus suegros, ahora sí se puede salir de la casa del suegro a formar una familia aparte con su esposo”, dice Pedro Avilés, sacerdote.

Pedro Avilés es el sacerdote católico de San Juan Puertomontaña, también municipio de Metlatonoc. Pero en esa comunidad no se permiten desde hace 12 años los matrimonios forzados.

Alberto Solano, comandante de San Juan Puertomontaña, explica:

«Antes se hacía, pero prácticamente la gente se ha ido civilizando un poquito. Cuando nos construyen la escuela secundaria técnica, a través de la gestión de la comunidad, a través de la lucha de los vecinos, nos dan la escuela y ahí fue cuando los jóvenes fueron concientizándose que eso es prohibido y los padres acatan”.

Quien sea sorprendido vendiendo a una mujer o haciendo una negociación, se va a la cárcel.

Pero justo a un lado, en Santa María Tonaya, la situación se repite, incluso también con niños.

«A 10 minutos de la cuasiparroquia me ha tocado, tristemente, ver esta situación, esta realidad. Que la familia arregla el trato a los 10 años, los empiezan a juntar, a convivir en una sola casa de tal manera que a los 12, 13, ya los llevan a vivir en la casa del muchacho”, dice Pedro Avilés.

Comisarios y fiscales elegidos anualmente por cada comunidad son los encargados de las ceremonias de matrimonio.

«Este bastón lo llevamos con el novio y la novia, ellos se hincan y nos paramos atrás de ellos. Luego les damos consejos para el matrimonio, que no se separen y que se respeten”, dice el tata Marcelino Julio Solana, comisario de Juquila.

En el año 2015, la organización “Yo quiero yo puedo” entró a Metlatonoc. A través de talleres de sensibilización, derechos humanos y violencia de género, logró que tres de 66 comunidades echaran para abajo la venta de mujeres y los matrimonios forzado.

«Ellas se atreven a levantar su voz y dicen que están cansadas de que las cosas siguen así. Ya también los hombres están cansados de esto, lo hacen porque es una tradición que les enseñaron acá”, explica Patricia Careaga Castellanos, de la organización “Yo quiero yo puedo”.

Autoridades de Yuvinani, Juquila y Valle de Durazno firmaron un convenio que duró hasta 2018, pero ya retomaron la venta de mujeres, vista como una fuente de ingreso.

«El dinero que reciben de la compra de la niña o mujer, ellos lo ocupan para ir comiendo en el transcurso del año, lo ocupan para sobrevivir”, dice Benito Mendoza Martínez, de la organización “Yo quiero yo puedo”.

 

Con información de Claudio Ochoa / Foto: Noticieros Televisa 

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