Morelia, Michoacán.- En México, los jóvenes de entre 15 y 19 años son el sector de la población con mayores índices de deserción escolar y desempleo. En estas condiciones los derechos sociales, que el Estado debería garantizar, son altamente vulnerados, considera una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado. La educación y el empleo son las dos opciones que los adolescentes pueden considerar con mayor frecuencia para cubrir sus expectativas y trazar su camino de vida. No obstante, se enfrentan a opciones limitadas e inequitativas, lo que deriva en situaciones de exclusión.
La investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD refiere que el gobierno federal, a través de los años, ha diseñado programas de apoyo para que los jóvenes se inserten el ámbito laboral; entre ellos, el programa de Primer Empleo en 2007, y en marzo de este año, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con cuatro subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando. Sin embargo, “parecen no haber tenido el suficiente impacto en reducir la diferencia en las tasas de desempleo de los jóvenes respecto a los adultos”. Cabe destacar que la tasa de desempleo de los mayores de 20 años es de 3.9 por ciento, mientras que en el grupo de 15 a 19 años alcanza 9.3 por ciento en la población femenina y el 8.3 por ciento en la masculina.
El IBD detalla que aproximadamente 1.6 millones de jóvenes en este rango de edad se encuentran fuera o tienen dificultad para insertarse exitosamente en alguna opción educativa o laboral. La implementación de políticas de inclusión para los jóvenes implicaría reconocer que en ese grupo de edad existen agudas diferencias, relacionadas con el origen social, que frecuentemente se expresan en las oportunidades educativas y de empleo, explica la investigación.
Estas condiciones exigen al Estado que diseñe y ponga en marcha acciones diferenciadas, que den opciones de inclusión en la sociedad a los jóvenes, en condiciones más favorables para ellos, es decir, más equitativas, propone el IBD. En una sociedad inclusiva, los jóvenes tienen acceso a mínimos de bienestar y protección acordes con el desarrollo social, es decir, el cumplimiento de los derechos sociales: educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y los servicios básicos en esta, así como el acceso a la alimentación.
