Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán.- El diputado federal perredista y hoy simpatizante de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, permanece en medio de la polémica luego que una investigación del periódico El Universal lo señalara de estar relacionado con irregularidades por sobre 211 millones de pesos durante su ejercicio como secretario de Gobierno de Michoacán, específicamente durante el año 2011.
El aún perredista negó las acusaciones y aseguró que la denuncia por peculado se debe a una persecución política del gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo.
Sin embargo, como diputado Calderón Torreblanca impidió en 2013 fiscalizar a su periodo como secretario de Gobierno, cargo que ostentó entre 2008 y 2011. En otras palabras, evitó la posibilidad de fiscalizar los desfalcos supuestamente cometidos por él mismo.
Calderón era en 2013 integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, entre cuyas funciones estaba la de investigar el uso de los recursos en diversas dependencias publicas durante los años anteriores.
“La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán aprobó solicitar al titular de la ASM (…) que en su plan de trabajo fiscalizador presente las cuentas públicas de 2011, se incorporen o incluyan auditorías a la Secretaría de Gobierno, a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, a la Secretaría de Política Social, a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Tribunal de Justicia Administrativa”, decía la prensa de la época al momento de celebrar la entrada en funciones de esta comisión perteneciente a la entonces LXXII Legislatura.
“De acuerdo con los diputados integrantes Juan Carlos Orihuela Tello, Fidel Calderón Torreblanca, Erik Juárez Blanquet, Jaime Darío Oseguera Méndez y Jorge Moreno Martínez, con esa demanda se pretende una fiscalización más detallada para saber o detectar si hubo un buen desempeño administrativo y financiero en las citadas dependencias estatales”, agregaban los medios.
Pero en julio de 2013 Calderón Torreblanca contravino precisamente lo que por ley correspondía realizar. Según las versiones de la época, durante la reunión de la Comisión Inspectora del día 30 de julio los diputados Jorge Moreno (PAN), Fidel Calderón y Érik Juárez (PRD) votaron para excluir de la fiscalización los programas de la Secretaría de Gobierno y la Cplade.
“En una decisión inédita para la historia política de Michoacán, el PAN y PRD establecieron una alianza para evitar que se profundice en la fiscalización de dos de las dependencias que más dudas han despertado sobre el manejo de los recursos en la pasada administración (…) la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para la Planeación y el Desarrollo», acusó el 31 de julio de 2013 el entonces diputado del PRI Juan Carlos Orihuela.
“La reunión de la Comisión Inspectora del martes por la noche dio seguimiento al Decreto 112, mediante el cual el Congreso ordena se profundice la revisión a la Cuenta Pública 2011”, agregó entonces el diputado. “A la Comisión se le planteó ahondar la revisión en diez unidades programáticas presupuestarias. Pero el diputado panista Jorge Moreno pidió excluir a la Secretaria de Gobierno y a Cplade, lo que fue avalado por Fidel Calderón y Erick Juárez”.
Tras el hecho, el diputado Orihuela criticó duramente a Moreno, Calderón y Juárez.
“Así es difícil clarificar las cuentas y conocer a fondo la verdad de lo que suponemos ha sido el peor manejo financiero de la historia reciente. Que ambos partidos carguen con la responsabilidad de no dar cuentas a los Michoacanos”, dijeron entonces.
La Cuenta Pública correspondiente al año 2011 fue rechazada en el Congreso de Michoacán con 26 votos en contra y y seis abstenciones. Tras ello, el PAN y el PRI apoyaron profundizar en las auditorías. Pero cinco meses más tarde Fidel Calderón enterró para siempre cualquier investigación.
