MUNDO.- La junta militar de Myanmar ultima una ley de ciberseguridad que le permitirá interrumpir temporalmente internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios, todo ello cuando continúan las detenciones a políticos tras el golpe de Estado.
El intento de controlar internet llega mientras este jueves, por sexto día consecutivo, hubo protestas, aunque más dispersas y menos multitudinarias, a lo largo del país contra el levantamiento militar que acabó con el Gobierno electo de Aung San Suu Kyi.
Según el borrador de una directriz a la que tuvo acceso Efe, la Junta exige que los proveedores guarden un registro de los usuarios (IP, teléfono, dirección, uso de datos y otra información necesaria) durante tres años y entregarlo cuando se les pida.
Aquellos que no faciliten los datos de acuerdo con la ley se enfrentarían a penas de hasta tres años de cárcel y multas de 10 millones de kyat (7.100 dólares o 5.800 euros).
VULNERACIÓN DE DERECHOS
En un comunicado conjunto, 160 organizaciones civiles denunciaron que la propuesta de ley vulnera los derechos digitales, la privacidad y otros derechos humanos, al tiempo que subrayaron que el Gobierno militar no tiene autoridad legal para legislar.
«Si esta acción ilegal del actual régimen militar no es denunciada con firmeza a tiempo, la opresión de los militares en el país durará mucho», indicaron los firmantes.
El gobierno militar envió a varias compañías de telecomunicaciones en el país la propuesta de ley, que permitirá aumentar la censura y la vigilancia, según reveló la ONG Myanmar ICT for Development Organization (MIDO).
Los militares restringieron internet durante varias horas durante el golpe de Estado que dieron el pasado 1 de febrero y también durante más de 24 horas el fin de semana del 6 y 7 de febrero ante el inicio de las manifestaciones contra la Junta en las calles.
Tres días después del golpe, las autoridades también bloquearon el acceso a Facebook y Twitter, las plataformas más usadas por los críticos con el poder de facto, aunque muchos usuarios están usando programas VPN, redes privadas virtuales que permitir acceder a páginas restringidas.
PROTESTAS MÁS REDUCIDAS
A diferencia de los días previos, cuando las manifestaciones fueron masivas y sufrieron encontronazos violentos con la policía, este jueves los manifestantes se dispersaron y protestaron en grupos más pequeños en áreas clave de las ciudades.
Los empleados de muchos sectores de la Administración pública, además de trabajadores de fábricas, personal bancario, ingenieros y abogados, organizaron sus propias marchas, al igual que muchos grupos étnicos.
Cientos de personas participaron en una protesta frente a la embajada china en Rangún, la mayor ciudad del país, para pedir a Pekín que no apoye a la junta militar que tomó el poder en un golpe tras acusar al Gobierno de fraude electoral.
De manera masiva, los ciudadanos se han echado a la calle ininterrumpidamente desde el sábado en rechazo al gobierno militar, para exigir la liberación de Suu Kyi y el resto de detenidos, y para reclamar a los militares que respeten los resultados en las urnas.
La policía han cargado contra los manifestantes en algunas concentraciones con cañones de agua, balas de goma e incluso munición real, con el objetivo de sofocarlas.
Una mujer se encuentra en estado crítico desde el martes tras recibir un disparo en la cabeza durante una carga policial contra una manifestación en Naipyidó.
DETENCIONES
Los militares llevaron a cabo una nueva ola de detenciones la madrugada del jueves contra varias personas vinculadas al partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), miembros de la Comisión Electoral y abogados.
Entre ellos, fue detenido Kyaw Tint Swe, un aliado cercano a Suu Kyi y otros cuatro políticos vinculados al Gobierno depuesto por los militares, informó hoy un portavoz de la LND.
Al menos 220 han sido arrestadas desde la toma de poder por la fuerza de los militares, aunque 20 han sido liberadas, informó este jueves la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Myanmar.
SANCIONES
En respuesta al golpe, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles la inminente imposición de sanciones económicas a miembros del gobierno militar que tomó el poder la semana pasada.
Los militares de Myanmar «deben renunciar al poder y demostrar respeto por la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 8 de noviembre», aseguró Biden en una intervención desde la Casa Blanca.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará este viernes una sesión especial a petición de Reino Unido y la Unión Europea para tratar la crisis de Myanmar tras el levantamiento militar y la deposición del Gobierno electo.
La junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que arrasó el partido de Aung San Suu Kyi.
La líder, de quien no han trascendido noticias en varios días, permanece supuestamente bajo arresto domiciliario en Naipyidó.
Con información de EFE / Foto: Reuters
