Ciudad de México.-En junio pasado se cumplieron dos años de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y a aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87 % de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %.
Los estados que superaron el 90 % de impunidad en 2016 (la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 % de delitos cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a 60%.
La organización presentó este jueves el informe ‘Hallazgos 2017’, una nueva edición de la evaluación que realiza a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio de 2016.
Los números apenas son una pincelada de la realidad delictiva en el país, admiten los investigadores, pues además de no poder contar con toda la información de cada estado, también debe considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, cuando la cifra negra (delitos que no se denuncian) en México llega hasta 94 %.
Una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles a los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los casos sin que hayan sido completamente investigados ni haya justicia real, según explicó la coordinadora del Informe, María Novoa. El más utilizado y grave de ellos: el archivo temporal.
El Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales similar a la antigua “reserva” del Sistema Tradicional: el archivo temporal. Esta herramienta permite a los investigadores poner una “pausa” a la investigación para recopilar más información sobre el caso, obtener mejores elementos probatorios o hacer un expediente histórico delictivo de personas o grupos, explicó María Novoa.
Sin embargo, este “comodín” –como ella lo llama- ha sido usado por las instituciones más como un atajo para quitar esos casos de los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es utilizado hasta en 30 % de las carpetas de investigación, lo cual a decir de los evaluadores, es un abuso que puede llevar a los expedientes al olvido al no tener un plazo límite de esa temporalidad.
Aunque el Sistema Acusatorio tiene como prioridad la resolución de los conflictos por vías alternas que eviten el encarcelamiento, esta opción ha sido mínimamente contemplada en todo el país, según el Informe.
Además de los altos índices de impunidad, en el informe se reconoció que ningún estado ha alcanzado la meta establecida de avances en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), aunque tuvieron ocho años para prepararse.
Con información de Aristegui Noticias
