México, DF.- Por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron que en 2012 el PRI no incurrió en financiamiento paralelo ni en compra y coacción del voto con tarjetas Monex. Al resolver esta madrugada los recursos interpuestos por PRD y PAN sobre el presunto empleo ilegal de esas tarjetas durante las campañas de ese año, los magistrados confirmaron la resolución emitida por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que estableció que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados a través de tarjetas Monex, ni tampoco destino ilícito pues no se acreditó que éstas se hubieran empleado para compra y coacción del voto.
Según la sentencia, de 2012 y hasta el 27 de junio periodo de la campaña, «se erogaron 50 millones 508 mil 891 pesos (de las tarjetas), cantidad que la autoridad responsable determinó correspondían y debían contabilizarse como gastos de campaña. Después del 3 de julio de 2012, la suma total gastada se elevó a 57 millones 318 mil 609 pesos. Por eso en su sentencia los magistrados ordenaron al INE reclasificar 6 millones 800 mil pesos de remanentes de esas tarjetas que de manera errónea el entonces IFE determinó que eran gastos ordinarios y sujetos a revisión dentro del informe anual del PRI, y no se contabilizaron como gastos de campaña.
Ahora deberá valorar si algunos de esos gastos deben reclasificarse en campañas del proceso electoral federal o comicios locales del Distrito federal o Jalisco, en donde el PRI admitió haber pagado también estructuras electorales con Monex. De acuerdo a la sentencia se acreditó que el PRI, a través de un intermediario -Monex- contrató el servicio de dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas Monex, en las que depositó y distribuyó los 66.3 millones de pesos, solicitados de un crédito con la empresa Atama. Sin embargo ese tipo de contratos no están prohibidos para los partidos y se tuvo acceso a los recibos que acreditan que el PRI pagó con sus recursos, es decir, no habría obtenido una aportación privada de empresa mercantil, lo que está prohibido en la ley, establecieron.
El proyecto de sentencia fue elaborado por el magistrado Constancio Carrasco y fue avalado por unanimidad tras dos horas y media de debate del TEPJF, con lo que se habría dado por cerrado el caso Monex por ahora, pues el INE aún deberá proceder a la reclasificación del gasto ordenada. El magistrado presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos aseguró, al cierre de la sesión, que si bien el órgano resolvió dos años después de que el caso pasara por el Consejo General del entonces IFE, en enero de 2013, «los tiempos judiciales no se guían por los vaivenes políticos».
Aseguró que hubo un largo proceso de instrucción que incluyó el análisis de más pruebas presentadas por las partes, «es decir, no se trata de una demora, lo dejo muy claro, es el resultado de un análisis exhaustivo de los agravios hechos valer y análisis de las pruebas aportadas que nos han llevado a las determinaciones que se han tomado».
Fuente: El Universal.com
