México, DF.- Conocimos, con preocupación, las declaraciones del Secretario de Marina, Vidal Soberón, donde relaciona a padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con organizaciones de la sociedad civil que los representan y a partidos políticos, sin atreverse a llamarlos por sus nombres, en una relación de “manipulación”.
Tal vez ignora que el titular del Ejecutivo ha dicho públicamente que “hacer justicia no sólo implica que los culpables reciban el castigo y la sanción que la ley prevé y merece, sino también reivindicar los derechos de las víctimas”, y que reconoció el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones de la sociedad civil para hacer conciencia ciudadana, impulsar una nueva y vigorosa cultura en favor de los derechos humanos y ser factores decisivos en la reconstrucción del tejido social”.
Lejos de la obligación de las autoridades de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, el secretario Soberón no sólo revictimiza a los padres que buscan a sus hijos y exigen justicia, sino que desliza a la opinión pública conjeturas de carácter político que no abonan a resolver una problemática que es responsabilidad de Estado.
Ya que el Secretario de Marina se ha apartado de sus atribuciones constitucionales para alzar la voz, corresponde al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que aclare si ésa es la postura oficial respecto al problema y si permitirá que los altos mandos castrenses difundan opiniones personales que se apartan de sus obligaciones legales. A los mandos militares no les compete intervenir en política: el artículo 129 de la Carta Magna es claro. Su misión es preservar la institucionalidad de las fuerzas armadas y velar por un desempeño responsable de quienes ofrecen su vida en el servicio de las armas.
No conviene que México tome el camino que han tomado en el pasado otras naciones de América Latina, donde la conversión de las fuerzas armadas en actor deliberante en política trajo consecuencias devastadoras para los derechos humanos y la democracia. Exigimos al Gobierno Federal que garantice todos los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y asesinadas en Iguala, que atienda sus legítimas demandas y que se abstenga de obstaculizar o descalificar el libre ejercicio de defender los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil.
