Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su grupo de “expertos” buscan, a través de la descalificación, denostar las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de encubrir las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y su vínculo con el grupo delictivo de Los Rojos dentro de la Normal de Ayotzinapa, denunció el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
En conferencia de prensa, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, aseguró que la experta Claudia Paz y Paz fue militante del grupo terrorista guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, en el cual militaron también su padre y sus hermanos.
Refirió que desde 2009 se tienen sospechas de que el ERPI estaba involucrado en el narcotráfico e hizo alianza con la organización criminal de Los Rojos, para infiltrarlos a la Normal Rural de Ayotzinapa.
Destacó que en diversas ocasiones han denunciado que la postura de los expertos de la CIDH es una maniobra político-electoral: impedir que la imagen de Andrés Manuel López Obrador se afecte por esos hechos terribles, dada su responsabilidad política en los mismos, a fin de que sus aspiraciones presidenciales no se vean comprometidas.
Agregó que en 2012 López Obrador se empecinó en mantener la candidatura de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, pese a que líderes del PRD le advirtieron sobre las ligas de este sujeto con un grupo criminal.
Cuando Abarca ya era alcalde y había sido señalado como responsable de asesinatos y desapariciones, López Obrador, afirmó, lo siguió apoyando. El “eterno candidato presidencial” no se presentó en Iguala ni en Guerrero para hablar contra la “mafia del poder”, porque habría escupido al cielo, afirmó.
Por eso, exonerar a Abarca es tan importante, porque la sombra de este criminal perseguirá por siempre a López o cuando menos en lo que resta en su larga e ilegal campaña electoral anticipada.”
José Antonio Ortega destacó que “el de López no es el único encubrimiento en que la CIDH y sus ‘expertos’ participan, y de hecho no es el más importante. El principal asunto que la CIDH y sus expertos tratan de mantener en la oscuridad es la razón por la cual los normalistas de Ayotzinapa fueron enviados a Iguala y quienes ordenaron mandarlos al matadero”.
Dijo que la CIDH desestima las revelaciones de los sicarios y jefes de Guerreros Unidos detenidos acerca de su móvil para desaparecer y masacrar a los normalistas: consideraron la presencia de los normalistas como parte de una “invasión” o provocación de Los Rojos, el grupo criminal rival.
Destacó que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están tan interesados en encubrir al ERPI, más incluso de lo que están en encubrir a López Obrador, porque ellos tienen una agenda ideológica y política pro-terrorista, y en particular dos de sus integrantes: Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz.
Agregó que Paz y Paz fue militante, a pesar de que lo ha negado, del grupo terrorista guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, en el cual militaron también su padre y sus hermanos. Tras los Acuerdos de Paz de 1996, en teoría los grupos terroristas fueron disueltos, pero en la realidad siguieron existiendo para seguir con sus objetivos, pero por otros medios, incluyendo la infiltración de las instituciones públicas.
Aseveró que tratan de encubrir a quienes decidieron, aliados con el grupo criminal Los Rojos, usar a los normalistas para provocar una violenta reacción de Abarca y Guerreros Unidos. Y provocar esa reacción tenía un objetivo criminal estratégico que se cumplió: “calentar” la “plaza”, para que el gobierno federal desatara una persecución contra Guerreros Unidos, de modo tal que eso le dejara el camino libre a Los Rojos en Iguala, municipio estratégico en el esquema del tráfico de heroína.
Señaló que Claudia Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala entre 2010 y 2014 y en tal calidad su gestión tuvo tres características principales: 1) Utilizar el cargo para garantizar la impunidad de los grupos herederos del Ejército Guerrillero de los Pobres, los equivalentes guatemaltecos de la CNTE y los normalistas de Ayotzinapa, pero incluso más violentos; 2) Encubrir la red de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, a cambio de que él no obstaculizara la agenda de venganzas políticas de Paz y Paz; 3) La violación de los Acuerdos de Paz y las leyes respectivas, al desatar una persecución contra quienes combatieron a los grupos terroristas financiados por Cuba y la Unión Soviética.
