Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a que una de sus prioridades sea el combate de la desaparición forzada.
El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, sostuvo que México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización.
“Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, dijo con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado a escala mundial cada 30 de agosto.
El diplomático celebró que existan señales por parte del nuevo gobierno que anticipen que el combate a este flagelo será prioritario, lo que dijo deberá lograrse con la implementación efectiva de la ley general en la materia; así como buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas, garantizar la atención y reparación a las víctimas, adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el olvido.
No obstante, puntualizó que es necesario que el gobierno adopte un plan de implementación de la ley general, dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y brinde asistencia a las víctimas.
Asimismo, México debe profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales, por lo que alentó a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales y permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013.
También pidió desarrollar un plan para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité y participar en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015.
Además, se exhortó al Estado mexicano a fortalecer su relación con el sistema interamericano de derechos humanos, favorecer el trabajo del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana en materia de desaparición.
“El reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias”, subrayó Jan Jarab.
Amnistía Internacional reportó que en este 2018 se calcula que más de 37 mil personas han sido desaparecidas.
Expertos del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas puntualizaron que los familiares “tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de cualquier desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, los avances y los resultados de la investigación y el destino de la persona desaparecida.
Con información de Milenio.
