México. – El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer los motivos reales y graves que motivaron en octubre la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora.
Mediante la solicitud de información 0210000314919, el ciudadano Daniel Torres Checa solicitó a la Oficina presidencial cualquier documento, oficio, carta o comunicación oficial por la que el entonces ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, mencionara al presidente Andrés Manuel López Obrador las causas graves que motivaron su renuncia, en octubre de 2019.
“No se encontró documento físico o digital; así como registro alguno de la información como lo requiere el solicitante; enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que la conforman sin encontrar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta unidad”, respondió la Oficina al ciudadano, quien interpuso ante el Inai un recurso de inconformidad.
El comisionado del Inai, Óscar Guerra Ford, elaboró el proyecto de resolución RRA14607/19, mismo que revocó la respuesta de la Oficina del presidente López Obrador, en términos del artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo anterior, por considerar que “existen elementos de consulta pública oficial suficientes para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente existe, toda vez que, conforme a los comunicados (de prensa) antes referidos y a lo informado en las redes sociales, se observó que sí hubo comunicación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Eduardo Medina Mora, respecto a la renuncia de éste al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (…) No se puede validar al sujeto obligado recurrido la inexistencia aducida, por ende, resulta fundado el agravio de la parte recurrente”.
Por lo anterior, el Inai le ordenó a la Oficina turnar la solicitud también a la Secretaría Particular del Presidente; a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y a la Coordinación de Asesores del Presidente, “con la finalidad de que localicen el documento, oficio, carta o comunicación oficial por la que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, mencione las causas graves (motivos) que justifiquen su renuncia en términos del artículo 98 de la Constitución Política”.
El expediente del Inai dio a la Oficina de la Presidencia un plazo de 10 días hábiles para proporcionar al ciudadano la información que solicitó. El 3 de octubre, luego de casi cuatro meses de estar bajo una investigación federal por supuestamente recibir transferencias millonarias desde al exterior, el ministro Eduardo Medina Mora renunció al cargo, en un acto nunca antes visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el relevo total de ese órgano en 1994.
Sin embargo, ni la Presidencia, el Senado de la República ni la Suprema Corte de Justicia revelaron los motivos graves por los cuales se dio su dimisión como ordena el artículo 98 de la Constitución.
“Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”, refiere.
El 5 de junio, la National Crime Agency y el Departamento de los Estados Unidos detectaron que Medina Mora recibió transferencias en una cuenta del HSBC UK BANK, por 2 millones de libras esterlinas, y en el HSBC USA, por 2 millones de dólares entre los años 2016 y 2018, periodo que comprenden los tres últimos años de su cargo de Ministro.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República anunciaron que investigaban esa situación, aunque no se hizo público si el Ministro ofreció esta situación como argumento para su renuncia. Este mes se informó que Medina Mora recibirá una pensión por un millón de pesos anuales en los dos primeros años posteriores a su renuncia y a partir del tercero 862,000 pesos anuales.
Con información de El Economista.
