México. – El acuerdo al que llegó el gobierno federal con HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities para generar un fondo revolvente para Pemex por unos 8,000 millones de pesos deberá de sujetarse a las leyes transparencia.
Lo anterior lo aseveró el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. En el marco de la realización del segundo seminario nacional de vinculación de los sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia que se realizó en las instalaciones del Instituto, el comisionado afirmó que el acuerdo, al ser anunciado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá de dotarse de transparencia.
“Las sesiones a las que él (López Obrador) llama conferencias matutinas, más que conferencias de prensa, son conferencias, son ejercicios de gobierno frente a las Cámaras, ahí él está gobernando, si él lo hace ahí está dándole transparencia natural al asunto.
“La cuestión es ahora que todo lo que se derive de esas firmas, o las consecuencias de esas firmas, me refiero a actos jurídicos de todo tipo estén colocados en las páginas de los portales institucionales que correspondan a las instituciones que participan, y que la presidencia también responda a las solicitudes sobre esos temas con la información suficiente para que de esa manera el círculo perfecto de la transparencia, que es lo que busca sí se logre y se verifique”, afirmó.
El comisionado reiteró que todo acuerdo al que llegan las instituciones públicas deberá de sujetarse a lo que actualmente marcan las leyes en materia de transparencia de la información gubernamental.
“Cualquier convenio tiene que estar colocado en el portal institucional correspondiente y puede ser motivo de una inspección ciudadana de manera que podamos hasta preguntar detalles que no hayan estado a la vista cuando se hizo público”, aseguró.
En el evento participaron también el auditor superior de la Federación, David Colmenares, así como integrantes de los órganos de transparencia de los estados y del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con información de El Economista.
