México – En la ONU se habla de los casos de desaparición forzada y el tema de los 43 estudiantes mexicanos enlista las prioridades.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, hizo su primera intervención directa en Naciones Unidas para hablar sobre los casos de desaparición y fue enfático al pronunciarse sobre la responsabilidad del gobierno de Enrique Peña nieto de cumplir las recomendaciones de búsqueda exhaustiva y castigo a los responsables.
Según la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, de los 147 casos de desaparición que han ocurrido en Iguala de 2009 a 2014, sólo se aceptó tramitar 143, fijándose el 3 de noviembre como plazo para que el el gobierno de méxico informe sobre los primeros 27 expedientes de desaparición, ocurridos el año pasado.
Gutiérrez Contreras también resaltó la participación en esta solicitud de las organizaciones, “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, la Comisión Mexicana de Defensa u Promoción de Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Red Nacional de Enlaces de Personas Desaparecidas.
Por su parte, Emmanuel Decaux, presidente del CED, señaló en relación con la petición que “Todos los casos de la solicitud original tienen averiguaciones previas abiertas, las últimas integradas hace cinco o seis meses ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, pero de acuerdo con la información a la que han tenido acceso los familiares, es que no ha habido ninguna sola acción de búsqueda e investigación de los hechos”.
Y agregó que de hecho, faltan casos por denunciar “familiares decidieron denunciar, aunque muchos casos no han sido denunciados porque había mucho temor y desconfianza de las autoridades del estado de Guerrero, por la corrupción existente y los vínculos entre autoridades estatales con la delincuencia organizada”.
Decaux pide por lo tanto “tomar de inmediato las medidas que sean necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas desaparecidas, protegerlas, liberarlas y entregarlas a sus familiares y representantes.
Finalmente, Gutiérrez Contreras puntualizó que con la mirada de la ONU y la CIDH en Iguala, el gobierno de Peña Nieto está “obligado a responder a sus compromisos internacionales, en el caso concreto del CED, México firmó y ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ha ido a Ginebra a dar cuentas a nivel general sobre la situación, ahora va a tener que explicar las acciones concretas sobre casos concretos, que serán evaluados por el Comité”.
Con información de Proceso
