Foto: Twitter / @FiscaliaPeruMÉXICO.- El destituido presidente de Perú Pedro Castillo deberá permanecer 18 meses en prisión en lo que se lleva a cabo una investigación en su contra por delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, ordenó un juez el jueves, después de aceptar la solicitud de la fiscalía.
Mientras el juez supremo Juan Carlos Checkley leía su resolución en una audiencia virtual, cientos de manifestantes recorrían las calles aledañas al Congreso y la Corte Superior de Lima, custodiadas por un fuerte contingente policial.
En tanto, el Parlamento debate un proyecto para adelantar las elecciones generales a fin de ponerle fin a las violentas protestas que se han registrado en los últimos días después de la destitución y detención de Castillo.
El Ministerio de Salud confirmó el jueves que 14 personas han muerto durante las protestas, mientras que otras 40 han sido hospitalizadas. Los fallecimientos se han registrado en las regiones de Apurímac, Arequipa y Ayacucho, en el sur del Perú, y La Libertad, en el norte.
El gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo, decretó el miércoles 30 días de emergencia nacional, con lo que se suspenden derechos y libertades públicas en un intento por contener los enfrentamientos, los cuales han afectado al comercio y al turismo debido a los bloqueos en carreteras y el cierre de aeropuertos y servicios ferroviarios.
La medida suspendió los derechos fundamentales de los ciudadanos y movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.
Las autoridades ordenaron el jueves por la tarde un toque de queda en 15 provincias ubicadas en las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho. La medida empieza a las 18:00, 19:00 o 20:00 de horas, dependiendo el lugar, y se extiende hasta las 04:00.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita en la audiencia estuvo en manos de un abogado de oficio, pues el abogado acreditado del expresidente, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que su ausencia se debe a que considera que «no existen mínimas garantías» y que el procedimiento ocurre luego de una destitución que incumple las leyes.
El abogado de oficio, Ítalo Díaz, recalcó que Castillo no incurrió en actos de rebelión debido a que nó se alzó en armas y aseguró que no hay riesgo de que el exmandatario obstaculice la pesquisa debido a que ya no está al frente del gobierno. En la cuestión del asilo, indicó que lo dicho por la cancillería mexicana no significa que Castillo hubiera presentado una solicitud.
Díaz anunció que apelaría la decisión para buscar anularla.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que Castillo enfrenta entre 10 y 20 años en prisión y existe riesgo de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo. Agregó que, entre los daños generados al Estado, se deben incluir los efectos que tuvo el mensaje del exmandatario para disolver al Congreso, así como las protestas violentas como resultado de su destitución.
Cinco de los fallecidos en las protestas de la última semana son de la ciudad andina de Andahuaylas, donde los manifestantes exigen que se celebren nuevas elecciones. La comunidad amaneció el jueves con la presencia de policías armados que resguardan la sede policial.
A pesar del estado de emergencia, no se observó la presencia del Ejército en las calles, a diferencia del día anterior, cuando soldados armados a bordo de camionetas blancas patrullaron algunas calles de la localidad.
Comerciantes de tiendas de comestibles limpiaban las calles llenas de piedras y de cenizas de neumáticos quemados, pero tenían previsto cerrar sus tiendas temprano antes de que comenzaran las protestas organizadas por campesinos de las aldeas rurales cercanas.
Castillo fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de que anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado. El Congreso lo destituyó poco después y fue detenido cuando se movilizaba en comitiva por Lima. Según la Fiscalía, iba a la embajada de México para pedir asilo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que Castillo le llamó para anunciarle que pediría asilo y que dispuso que se le permita el ingreso a la embajada.
Después de que los gobiernos de Argentina, México, Colombia, y Bolivia expresaron su respaldo a Castillo, al que aún consideran como presidente de Perú, el gobierno de la nación andina llamó el jueves a consultas a sus embajadores en estos países.
«La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior», declaró la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. La postura de las cuatro naciones vecinas es una «intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países».
Además de Castillo, también se solicitó prisión preventiva por 18 meses para el ex primer ministro Aníbal Torres, que era asesor del gobierno de Castillo y cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Sin embargo, Torres reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa.
El juez ordenó que Torres afronte la investigación de la Fiscalía con medidas restrictivas, como reportarse periódicamente al juzgado.
La Fiscalía se mostró conforme a lo decidido sobre Castillo, pero dijo que apelará lo dispuesto respecto Torres.
Con información de AP
