Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que la investigación del caso Javier Duarte, originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, pero sostuvo que la sentencia de 9 años dictada al exgobernador evitó que el caso quedara en la impunidad, riesgo que además existía por la posibilidad de que el juez invalidara los datos bancarios.
En una reunión con medios de comunicación el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vazquez, dijo que este caso contra Duarte iniciado en 2016 (aún en la gestión de la procuradora Arely Gomez) y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.
Dichos errores se corrigieron pero ese no fue el único problema. El funcionario dijo que existía una posibilidad real de que Duarte quedara libre y el caso impune ya que se recabaron pruebas bancarias sin una autorización de un juez, como era facultad de la PGR hacerlo, pero que ahora debido a un criterio de la Corte que se aplica retroactivamente podrían haber sido invalidadas. De hecho en una audiencia en enero pasado el juez responsable, Gerardo Moreno, no validó dichas pruebas.
En ese contexto el subprocurador subrayó que el proceso abreviado a través del cual Duarte se declaró culpable a cambio de una pena reducida si bien lo favoreció a él, también resultó provechoso para la PGR pues el exgobernador reconoció ser delincuente y a su vez se evitó un juicio en el que no había garantía de que las pruebas derivaran en una sentencia condenatoria
Posteriormente el subprocurador dijo que aún sin las pruebas bancarias existía una posibilidad de condena debido a los testimonios que se habían reunido en contra de Duarte, hecho que también fue valorado por la defensa del exgobernador para que tomaran la decisión de declararse culpable.
Sobre la solicitud del gobierno de Veracruz de que se entreguen a ese estado los 41 bienes decomisados a Duarte como parte de la sentencia dictada, el subprocurador sostuvo que eso será decisión del juez que defina cómo se ejecutarán las sanciones.
El funcionario detalló que los bienes asegurados suman un total de 791 millones de pesos y que si esto se suma al dinero recaudado de cuentas bancarias, da un total de 1 mil 391 millones de pesos. Felipe Muñoz aclaró que de ese total ya se transfirieron a Veracruz más de 462 millones de pesos.
Y precisó que por lo que se refiere a la sentencia de cárcel dictada contra Duarte hasta el momento ni la defensa ni la Secretaría de Hacienda (que funge como víctima en el caso) se han inconformado. Hoy es el último día que tienen para hacerlo y si no ocurre la misma quedará confirmada.
El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” y calificando la pena de 9 años como “desproporcional” para los delitos que se le imputan.
Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.
Con información de Animal Político
