Ante la crisis migratoria de refugiados venezolanos que ha convulsionado las fronteras de sus países vecinos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a su Consejo Permanente una reunión urgente del organismo para tratar el tema.
Pidió que la sesión se realice en un lapso de dos semanas y debe tener como objetivo ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria a otros países. A su vez, enfatizó que los países que reciben a los inmigrantes han hecho un gran esfuerzo que debe ser reconocido y apoyado por la OEA.
“Nadie lo podrá resolver individualmente (ese conflicto), debemos abordar este tema en forma multilateral y colectiva para procurar la mejor solución posible, debemos ser consistentes y conscientes que este es el más grave asunto hemisférico que sufrimos y que debemos abordarlo y trabajarlo conjuntamente”, afirmó.
Aclaró que es el deber de la OEA ayudar a los países que refugian a los venezolanos, puesto que era una situación “que se podía prevenir y evitar”, y que ahora deben asumir la responsabilidad y “tratar de resolverla”. Apuntó que el gobierno dictatorial de Venezuela es responsable de la desesperada situación de los venezolanos, “por la falta de acceso a derechos sociales básicos.
El Grupo de Lima rechazó cualquier tipo de intervención militar o violenta en Venezuela.
En Santiago de Chile, el conjunto de 11 países latinoamericanos expresó en un comunicado “su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.
El texto está firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
La reacción fue emitida días después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amenazara con el uso de fuerza militar para restablecer la democracia y aliviar la crisis humanitaria que vive Venezuela.
El Grupo de Lima reafirmó su compromiso a lograr ese objetivo “a través de una salida pacífica y negociada”, instando a Venezuela a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que vive.
De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 2.3 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años. Cada vez con más frecuencia parten sin dinero y viajan en recorridos peligrosos a pie a través de países sudamericanos como Colombia, Ecuador y Perú.
Con información de El Financiero
