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Ponen candados a control de confianza; exigen a entidades dar resultados

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación puso candados a los dos mil 759 millones de pesos que se darán este año a estados para la aplicación de pruebas de control de confianza de instituciones de seguridad y lograr la meta de tener policías acreditables.

Una amplia publicación de Excélsior precisa que según el Diario Oficial de la Federación en su edición del pasado viernes, los recursos serán entregados en tres partes, pero estarán sujetos al cumplimiento de las metas, como bajar los delitos o lograr más efectivos acreditados.

La primera parte del subsidio será de 40%, condicionada al cumplimiento de los trámites. La segunda entrega, que también podrá ser hasta de 40% de los recursos, “estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas” de las administraciones locales.

La última ministración, de 20%, será otorgada previo cumplimiento de las metas por parte de los estados.

CONDICIONAN DINERO A BUENOS RESULTADOS

La Secretaría de Gobernación dio a conocer los montos que asignará a las entidades federativas en 2015 para la aplicación de pruebas de confianza en instituciones de seguridad y lograr la meta de tener policías acreditables.

La dependencia federal publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación que se destinarán dos mil 759 millones de pesos a este rubro, bajo la consigna de que los gobiernos locales deberán comprobar la correcta aplicación de los recursos.

La entidad que recibirá más dinero es el Estado de México, con 190 millones de pesos; le siguen el Distrito Federal, con 174 millones, Veracruz, con 119 millones, y Chihuahua, con 102 millones.

Son tres los estados a los que se les asignarán menos recursos en este rubro: Aguascalientes, Nayarit y Tlaxcala, que recibirán cada uno 65 millones de pesos para la búsqueda de policías acreditables.

Entre las novedades, Gobernación pone candados a las entidades federativas participantes, que ahora recibirán en tres ministraciones la cantidad asignada, que estarán sujetas al cumplimiento de las metas, como bajar la incidencia del delito o lograr más policías acreditados.

La primera parte del subsidio será de 40%, condicionada al cumplimiento de los trámites. En cambio, la segunda ministración, que también podrá ser hasta de 40% de los recursos, “estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas”.

En el mismo sentido, el 20% restante será entregado previa comprobación del cumplimiento de metas municipales, al que se añade el requisito de “haber comprometido, devengado o pagado por lo menos 60 (sesenta) por ciento de los recursos ministrados”, con el riesgo, incluso, de perder  los recursos ya aprobados, en caso de no comprobar avances.

Las ministraciones no se pierden, sino que otras entidades pueden concursar para obtener recursos adicionales, según lo publicado en el Diario Oficial.

La Segob determina seis candados para la entrega de recursos a las entidades, las que deben demostrar el avance en la implementación de la policía acreditable conforme a los siguientes indicadores:

1) El mejoramiento en la reclutación y selección de elementos policiacos tendrá como comparación los datos reportados al 30 de noviembre de 2014.

2) Se medirá la formación y capacitación de los efectivos de nuevo ingreso, activos y mandos de las corporaciones estatales.

3) El equipamiento del personal, de protección e institucional exigirá 10% de avance.

4) Se evalúa el fortalecimiento de capacidades de evaluación de control de confianza, que se refiere al proceso de evaluación y acreditación de los uniformados.

5) Se exige un mejor equipamiento institucional en materia de la Red Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo con la agenda estatal en la materia.

6) Se ponderará también el equipamiento institucional en materia del Sistema Nacional de Información.

Cabe señalar que el avance en estos seis criterios se deberá comparar con los datos del 30 de noviembre de 2014.

OCHO AÑOS DE SUBSIDIO

  • Los 268 municipios que reciben recursos del Subsemun representan poco más de 10% de los gobiernos locales del país y 67% de la población nacional.
  • Desde su creación, el Subsemun ha mantenido un crecimiento constante en el número de beneficiarios. Ha pasado de 150 alcaldías en 2008 a 268 en 2014.
  • Los montos también han aumentado, al pasar de tres mil 589 millones de pesos en 2008 a cuatro  mil 733 millones en 2014.
  • El mayor gasto de los recursos es canalizado a la “profesionalización de las instituciones de seguridad pública”, con 69%.
  • Enseguida está “prevención social de la delincuencia y la violencia con participación ciudadana”, con 17%.
  • El rubro “fortalecimiento de las evaluaciones de control de confianza” pasó de 3.14% a 6.79% del gasto total.

PRIVA OPACIDAD EN LOS RECURSOS DE SUBSEMUN

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) se ha convertido en un instrumento clave para mejorar las condiciones de las policías locales en demarcaciones que no cuentan con recursos propios suficientes. No obstante, la información del programa se encuentra clasificada y no está disponible al público, lo que representa una ventana de oportunidad para la corrupción y el desvío de fondos.

Ésa es la conclusión a la que llegó un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre el desempeño del subsidio federal creado en 2008 con el objetivo de que los municipios accedan a recursos directos, y contar así con policías dignas, profesionales y equipadas que realicen tareas de seguridad en su misma localidad.

Concluido en noviembre pasado, el documento del CIDE señala que “el hecho de que aspectos contables y financieros del programa no sean visibles al público facilita que se generen espacios para la opacidad y posible corrupción.

“Facilita que se entreguen productos y servicios que no estén realizados conforme a un cumplimiento estricto de los criterios dispuestos y que cumplan con las necesidades del municipio, además de dejar abierta la posibilidad de que las mismas autoridades municipales identifiquen espacios para utilizar el recurso con fines ajenos a los permitidos”, agrega el informe.

El estudio del CIDE se concluyó el 10 de noviembre del año pasado, dos semanas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara al Congreso de la Unión un paquete de medidas para reforzar la seguridad en el país para mejorar la gobernabilidad, entre las cuales se encuentra la desaparición de las mil 800 policías municipales existentes para dar paso a la creación de 32 mandos únicos.

La propuesta ha provocado la inconformidad de los presidentes municipales, quienes aseguran que desaparecer las corporaciones locales atenta contra el federalismo.

Además, de aprobarse por los legisladores la extinción de las policías municipales provocaría que los alcaldes dejen de recibir el subsidio federal, que el año pasado ascendió a cuatro mil 733 millones de pesos.

Coordinado por el académico Gustavo Fondevila, el reporte del CIDE establece que “es necesario que se valore la apertura de información que no afecte la adecuada implantación de planes y programas, pero que, a su vez, haga posible el escrutinio de los recursos públicos con el objeto de mejorar el funcionamiento de los productos y servicios contratados con el recurso del Subsemun”.

Para la asignación del subsidio, la Federación pone a disposición de los “municipios elegibles” una bolsa anual concursable, para la cual los alcaldes interesados deben presentar proyectos destinados a reducir la violencia y los índices delictivos.

El monto es definido en función de la población del municipio y los índices delictivos que prevalecen en el territorio.

En 2014, los municipios que recibieron los montos más elevados fueron Tijuana y Mexicali, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Puebla, Puebla; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; Querétaro, Querétaro, y Culiacán, Sinaloa, todos ellos con 91 millones de pesos.

Otro problema detectado por los investigadores del CIDE es la lentitud con la que se asignan y se ejercen los recursos.

“Entre los inconvenientes se pueden identificar las siguientes situaciones: entrega completa pero tardía de los recursos, falta de servidores públicos capaces para ejercerlos en el municipio, situaciones no consideradas por el municipio, como cambios de personal a cargo del subsidio, e incumplimiento por parte de proveedores o desastres naturales.

“Quizás uno de los problemas más importantes para ejercer el presupuesto se debe a los tiempos establecidos para ministrarlo y a los requisitos que deben cumplir los municipios para hacerse acreedores al subsidio”, señala el informe.

 

 

Fuente: Excélsior

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