Ciudad de México.- El proceso electoral de 2018 tiene ya varias cicatrices, la más notoria son los 121 políticos asesinados desde el pasado septiembre en todo el país, de los cuales 45 eran precandidatos (29) o candidatos (16) a un puesto de elección, cifras nunca antes registradas en pasados procesos electorales, según datos de Milenio y la consultora Etellekt.
La violencia electoral ha provocado que mil 29 aspirantes en todo el país desistieran de continuar como candidatos, 357 de ellos a nivel federal y 672 en los estados, de acuerdo con datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
De ellos 207 aspirantes contenderían en Guerrero, la entidad con mayores índices de violencia electoral. Sin embargo, el INE no cuenta con datos precisos sobre las razones por las que estos candidatos desistieron de continuar en la contienda.
Los aspirantes que han decidido continuar, han optado por campañas de bajo perfil, sin mítines multitudinarios, entregando volantes de puerta en puerta y buena parte de ellos con policías y militares que los resguardan mientras caminan de prisa entre la gente.
Los homicidios conforman 26 por ciento de las 465 agresiones contra políticos documentadas en 419 municipios de las 32 entidades, según datos de Asael Nuche, director de la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de la consultora Etellekt.
Otro 32 por ciento de esas agresiones son amenazas, 11 por ciento son atentados contra candidatos o familiares de los mismos, tres por ciento fueron secuestros y el resto son robos y otro tipo de agresión.
Puebla, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Chiapas, son los estados más críticos, pero Guerrero es la entidad con más crímenes: 22 por ciento de los asesinatos contra políticos ocurrieron ahí.
Las víctimas son candidatos a alcaldías, diputaciones y funcionarios locales, pero también son militantes, promotores, asesores de campaña y hasta capacitadores del INE, como fue el caso de Jorge Nájera García, quien se desempeñaba como supervisor electoral en Guerrero.
El delegado del INE en esa entidad, Dagoberto Santos, afirmó que las zonas de mayor preocupación son “la Tierra Caliente, San Miguel Totolapan , Coyuca de Catalán y Acapulco” donde las organizaciones criminales han decidido los horarios en los que los funcionarios de este instituto pueden trabajar.
“Nos han comentado de que no quieren que se haga la capacitación en determinados lugares y que nos permiten solamente capacitar en determinadas horas”, dijo.
Santos señaló que solo en Guerrero, el INE ha registrado un total de mil 323 incidentes, aunque no todos se traducen en delitos, 323 de estos son intentos de robo y 220 son casos de ataques de perros, otros casos están relacionados con las condiciones climáticas y la salud de los mismo funcionarios del instituto.
En Guerrero desde septiembre anterior han sido asesinados 27 políticos en diversas regiones. Los aspirantes habían denunciado amenazas, acoso y robos, como fue el caso de Abel Montúfar, alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y candidato a diputado local por el distrito 17, del PRI en la región de Tierra Caliente.
Montúfar fue interceptado por un grupo armado y asesinado el 8 de mayo. Dos días antes, Montúfar pidió a sus simpatizantes que no acudieran al arranque de su campaña, pues organizaciones criminales le habían advertido de un atentado.
El 21 de febrero, Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata a diputada local del PRD, fue ejecutada a balazos dentro de su negocio en Chilapa, un municipio azotado por la violencia que ejercen las organizaciones criminales de Los Rojos y Los Ardillos. En mayo, también en Chilapa, una promotora del PRI fue asesinada dentro de un vehículo de transporte público.
Es por ello que los candidatos han preferido no hacer campaña en este municipio.
En la glorieta principal de la cabecera municipal de Chilapa, el candidato a la alcaldía por el PRD, Antonio Hernández, recorre algunos puestos del mercado. Lo hace rodeado de policías estatales y militares.
“Por supuesto que tengo miedo como cualquier ciudadano, desafortunadamente Chilapa es de esos focos más rojos”, dice el candidato de tez morena y vestido de pies a cabeza de colores amarillos chillantes.
En Acapulco, el pasado 30 de mayo el candidato a regidor del PRI en San Marcos, Rodrigo Salado, fue asesinado por hombres armados en la carretera entronque El Potrero-Lomas de Chapultepec, cerca de Plan de los Amates. Los aspirantes en esta zona también han tomado precauciones.
El candidato a senador de Guerrero por Movimiento Ciudadano, Mario Ramos, solo visita los establecimientos de la costera, invita al voto mientras una decena de jóvenes animados con tambores y trompetas hacen propaganda en su favor alrededor de él. “Por supuesto anda uno con la precaución y con el temor, es lógico, trato de ser muy cuidadoso, por mí y por mi gente”, dice el aspirante mientras se prepara para visitar otro restaurante.
Pero las agresiones más difíciles de contabilizar son las que se ejercen desde el poder. Según cifras de la consultora Etellekt, 72 por ciento de las agresiones son contra opositores del partido que gobierna.
Beatriz Mojica es una de las candidatas que ha denunciado este tipo de ataques.
“Yo recibí amenazas de un diputado federal junto con un candidato a la senaduría del PRI, Manuel Añorve, amenazas directas, quieren mi sangre quieren venganza y lo dijeron en los medios”, explica la candidata quien ha optado por hacer campaña en regiones de la costa chica, donde la policía comunitaria la escolta.
Assael Nuche dijo “los grupos que están gobernando en diferentes zonas del país están optando por una vía no democrática para conservar el poder y es vía incluye amenazas, agresiones y hasta asesinatos para disuadir al opositor de que se mantenga en la competencia”.
Señaló que estas agresiones no se denuncian por ser una práctica generalizada entre los partidos. “No lo hacen porque en buena medida no les conviene. Lo que nosotros estamos cuestionando es hasta qué punto los propios políticos están tolerando esas amenazas y los partidos fomentándola, de ahí el silencio”.
A Mojica también le han sido robadas dos camionetas y su hermana fue secuestrada algunas semanas después de anunciar su candidatura. La candidata ha interpuesto denuncias por todos los hechos, sin que las autoridades le proporcionen medidas cautelares.
Con información de Milenio.
