Ciudad de México.- Aunque esperarán a que transcurra el plazo constitucional de 72 horas para definir si Éric Ulises Ramírez Crespo, alcalde de Cocula, Guerrero, enfrenta o no un proceso penal —fue detenido el jueves con armas y droga junto con el presunto líder de un grupo criminal—, la dirigencia nacional del PRD se lavó las manos, al advertir que el partido “no puede sentenciar ni absolver a nadie” y tampoco meterá “las manos al fuego” por ninguna persona, ya que “cualquiera puede ser tentado o amenazado” por la delincuencia organizada.
Al fijar su postura sobre la captura de quien lleva un mes como presidente municipal, Carlos Navarrete, dirigente del PRD, dijo que cuando Ramírez fue postulado ni la PGR ni el PRD contaron con datos que lo vincularan con el crimen organizado o que impidieran su postulación.
“No había antecedentes, no había indicios, no había información, no había expedientes abiertos, no había señalamiento de ninguna naturaleza; lo que pasó después de que tomó posesión es otra historia”, respondió a reporteros.
Cuando venza el plazo decidirán si lo expulsan del PRD, si Ramírez tiene nexos con el narcotráfico o, en su caso, si fue amenazado por miembros de Guerreros Unidos.
El exsenador Carlos Sotelo, líder de la corriente en la que militaba Éric Ulises, dijo que en las últimas horas tuvo comunicación con el padre del alcalde, quien le refirió que su hijo recibió amenazas en su celular en los últimos días por bandas del crimen organizado.
Navarrete dijo desconocer si efectivamente hubo dichas amenazas, pues no le fue comunicada ninguna situación de esa naturaleza, como marca el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, el cual le aplicarían al alcalde de Cocula para ser expulsado.
El líder del PRD destacó que el 17 de octubre pasado, en Acapulco, les explicó a los alcaldes perredistas cuáles son los lineamientos que deben seguir como autoridad.
Entre ello, que si alguno sufre amenazas o chantajes de la delincuencia, su obligación inmediata es hacerlo saber a la autoridad y a ellos. De lo contrario, tendrá que asumir las consecuencias políticas y legales.
“Si algún funcionario, por un error de cálculo o por una decisión equivocada, acepta reunirse con alguien, deberá asumir las consecuencias”.
Se indagó con lupa
Carlos Sotelo precisó que Ramírez Crespo era militante del PRD desde hace varios años y que tanto la Comisión de Candidaturas como el Consejo Estatal de Guerrero revisaron “con lupa” una a una las candidaturas en el pasado proceso electoral del 7 de junio.
Lo anterior, para impedir que el crimen organizado penetre las filas del partido.
Precisó que “el doctor Éric no era un desconocido”, pues en 2012 fue candidato a la misma alcaldía. “Es un hombre que vive con una economía profundamente modesta, eso lo puede comprobar quien quiera . La campaña que hicimos en Cocula fue con absolutas carencias, no había dinero ni recursos”.
Debe ser procesado
Del caso, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que todo aquel funcionario que cometa algún delito debe ser procesado. “No es un asunto agradable ni para el estado ni para mí, pero si hay flagrancia (…) creo que debe ser procesado”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia.
En el mismo espacio, Beatriz Mojica, excandidata del PRD, indicó que alguien no hizo bien su trabajo “habiendo hecho el PRD los protocolos necesarios”.
El grupo parlamentario se deslinda del “asesor”
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados se deslindó de Eloy Flores Cantú, uno de los detenidos el jueves con armas y droga en Cuernavaca, quien se presentó como asesor jurídico de ese grupo parlamentario.
“No hay ningún registro que vincule a este hombre ni con el grupo parlamentario ni con algún diputado en particular”, aclaró la fracción perredista en un comunicado.
Precisa que el área de Recursos Humanos de la bancada “no tiene registro de la asignación de algún gafete de acceso al recinto parlamentario con ese nombre”.
Se abunda que tampoco figura el nombre de Eloy Flores Cantú en la nómina de la fracción “ni entre las que ya han sido dadas de alta ni en las que están en proceso”.
La bancada, que coordina el diputado Francisco Martínez Neri, expuso que el grupo parlamentario “mantiene un estricto proceso de selección de sus colaboradores, tanto de asesores, como de cualquier otra área, por lo que desmiente totalmente que esta persona sea parte de su equipo”.
De esta persona, Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del PRD, aseguró “que no saben quién es” y rechazó que haya sido contratado por los legisladores federales o locales para desempeñar servicios de asesoría para el PRD.
No se solapará
La dirigencia estatal del PRD de Guerrero condenó la actitud del alcalde de Cocula, que “no se le van a solapar a nadie”.
El vocero del PRD Guerrero advirtió que aquel “funcionario que actúe al margen de la ley, debe afrontar las consecuencia de sus actos”.
Recordó que Éric Ramírez fue coordinador regional de Salud Reproductiva en la jurisdicción 2, es médico por la Universidad Autónoma de Guerrero. Hace tres años buscó la alcaldía de Cocula por el PRD y tiene diez años de militancia.
-Ivonne Melgar y Rolando Aguilar
Protocolo perredista
A raíz del caso Iguala, donde el alcalde de origen perredista fue vinculado al narco, en noviembre de 2014, el PRD hizo público su Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política:
- Entre sus principales puntos, el partido decidió recuperar la credibilidad, de manera que “todos los actos y acciones partidistas se sometan a la más rigurosa evaluación, transparencia y escrutinio público”, ante la evidente infiltración del crimen organizado en la vida política del país.
- Acordó aplicar una “política partidaria permanente de cero tolerancia con evaluación, rendición de cuentas, vigilancia y sanción de las conductas y actividades ilegales en las que pueda incurrir toda Persona Expuesta Políticamente”, es decir, dirigentes, funcionarios, legisladores y afiliados con alguna responsabilidad pública.
- Cuando PRD tenga conocimiento de hechos delictivos o conductas antisociales “les exigirá que se presenten de inmediato a declarar ante las instancias ministeriales o jurisdiccionales que corresponda, para que declare sobre los hechos que se le imputen y, en su caso, aclare su presunta responsabilidad”.
- Habrá nula tolerancia y denuncia inmediata a las autoridades en caso de (…) la colusión, nexos, relación, vínculos y complicidad de servidores públicos municipales y delegacionales con organizaciones criminales en la comisión de conductas delictivas o en la transgresión de los derechos humanos.
- Toda persona del PRD “deberá someterse a las actuaciones ministeriales o judiciales, cuando sea señalado o relacionado en la comisión de algunos delitos, sobre los que exista denuncia penal o medie un proceso penal”.
- Asimismo, “todo afiliado del PRD estará obligado, cuando tenga conocimiento, a denunciar ante las instancias partidarias, ministeriales o judiciales cualquier conducta delictiva”. Las penalidades incluyen la suspensión de derechos partidarios y hasta expulsión del partido, según sea el caso.
