Ciudad de México.- Para salvaguardar la información personal almacenada en dispositivos electrónicos como computadoras o celulares, es recomendable encriptarla por si agentes fronterizos los solicitan para revisarlos, aseguran los defensores de los derechos ciudadanos.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que las protecciones legales que prohíben las inspecciones sin orden judicial no se aplican en las fronteras, y aunque los grupos ciudadanos no están de acuerdo, los agentes fronterizos pueden acceder a teléfonos o computadoras, según la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).
El abogado de la ACLU, Nathan Wessler, aseguró que las personas a las que les preocupe que los agentes fronterizos revisen sus aparatos electrónicos por motivos de privacidad, la mejor opción es encriptar y proteger con contraseñas su contenido, así como limitar la cantidad de datos y dispositivos con los que se viaje.
Entre otras precauciones, Wessler también recomendó almacenar datos y fotografías confidenciales en una cuenta segura en la nube, ya que no existe ninguna norma sobre si los agentes pueden inspeccionar datos en la nube, dijo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incrementó en los últimos dos años sus peticiones a viajeros para acceder a sus teléfonos y computadoras para revisar redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y vídeos.
Además, adoptaron técnicas cada vez más agresivas debido a algunos incidentes registrados en 2015 y 2016, cuando el FBI y otras agencias gubernamentales no lograron detener a ciudadanos estadunidenses potencialmente peligrosos.
Según Wessler, solo en el mes de febrero, los agentes de aduanas realizaron casi cinco mil registros de este tipo en los aeropuertos y en los controles migratorios fronterizos, donde piden a los viajeros que les entreguen sus teléfonos móviles, los desbloqueen y les digan las contraseñas de sus redes sociales para examinar su contenido.
Durante el año fiscal 2016, un total de 23 mil 877 viajeros fueron sujetos a requisas de sus dispositivos electrónicos, una cifra cinco veces mayor a la registrada en el ejercicio anterior, cuando fueron cuatro mil 764, aunque la CBP constató que se trata de un 0.0012 por ciento de los 390 millones de entradas que se produjeron.
Sin embargo, el abogado de ACLU alertó de que el estatus legal en el país puede influir en la resistencia que una persona puede oponer a desbloquear dar la contraseña de sus dispositivos.
La CBP no puede negarle la entrada a un ciudadano estadunidense o a un residente permanente si se niega a cumplir la petición de acceder a su dispositivo, aunque sí puede demorar su ingreso e incautar sus aparatos para devolverlos semanas o meses después, advirtió el abogado.
Por su parte, las personas con visados o los turistas corren el riesgo de que se les niegue la entrada al país si no acceden a dar acceso a las autoridades al contenido de sus dispositivos.
La ACLU advierte de que es «muy probable» que la contraseña proporcionada en la frontera acabe en una base de datos del gobierno, por lo que recomendó cambiarla cuanto antes y no usarla más en ninguna otra cuenta.
Estos aparatos almacenan conversaciones, de la vida profesional, la localización y hábitos de navegación en internet, y «brindan más detalle de la vida privada que el equipaje», alertó.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, recordó recientemente que los viajeros que traten de entrar a Estados Unidos podrían tener que entregar las contraseñas de sus redes sociales a los agentes fronterizos, una medida que englobó en los esfuerzos del gobierno por reforzar la seguridad fronteriza.
La ACLU considera que el Tribunal Supremo debe ser quien fije los límites constitucionales del gobierno en las fronteras, ya que los fallos de varios tribunales sobre si la sospecha individualizada debe ser una condición para la inspección han sido contradictorios.
Fuente: Milenio
