Ciudad de México. – El Pleno del Senado de la República aprobó este lunes en lo general el dictamen de reforma laboral que busca, entre otras cosas, fijar reglas claras para elegir a líderes sindicales, disminuir tiempos de juicios individuales de conciliación y garantizar representatividad óptima en negociaciones colectivas.
El documento fue aprobado con 120 votos a favor, cero a en contra y dos abstenciones.
Para la discusión de la reforma en lo particular, hay un listado de una veintena de senadores que anotaron reservas a diversos artículos de la LFT, siendo los senadores del PAN, PRD y PRI los que subirán a tribuna a plantear sus reservas.
Así, los senadores votaron prácticamente por unanimidad el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social.
En los posicionamientos de los partidos, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron que si bien su voto fue a favor de la reforma laboral, consideran que hay aspectos de mejora para equilibrar las relaciones laborales entre sindicatos, los cuales deberán tratarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones o en un periodo extraordinario.
La votación se da luego de que el miércoles 24 de abril las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaran el dictamen de reforma laboral en menos de una hora y casi por unanimidad.
En comisiones, senadores aprobaron en materia de libertad sindical que el trabajador pueda decidir si quiere pertenecer o no a un sindicato sin represalias y que la elección del líder sindical sea votado en secreto, así como el derecho a negociación de contratación colectiva, establecidos en los Convenios 87 y 98 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), respectivamente.
Además de la regulación para el estallamiento a huelga, así como la justicia y el respeto a los derechos laborales.
La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo en entrevista con El Financiero que con la reforma laboral los empleados mexicanos podrán tener más de un sindicato, pero sólo uno, el que tenga el mayor respaldo de los trabajadores, podrá negociar el contrato colectivo.
El presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, esperaba que al día siguiente se aprobara en el Pleno, pero la discusión se aplazó para este lunes.
Este lunes, los encargados de presentar el dictamen fueron el también senador Gómez Urrutia, y la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera.
Gómez Urrutia dijo que la reforma laboral coadyuvará con el objetivo de alcanzar los parámetros óptimos y de justicia entre trabajadores y patrones, y cumplirá con la reforma constitucional en materia de justicia laboral que entró en vigor en febrero de 2017.
La aprobación de la reforma laboral es necesaria para que se avance en la discusión y ratificación del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, conocido en México como T-MEC.
Este paso es considerado por los demócratas en el Congreso de Estados Unidos como un requisito previo para aprobar el renovado acuerdo comercial.
De acuerdo con Gerardina González, directora de la Oficina de la OIT para México y Cuba,los cambios que se propusieron desde la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo (LFT) van en línea con el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a garantizar y promover libertad de asociación sindical y la negociación colectiva.
Justamente, uno de los puntos centrales de la reforma laboral son los sindicatos y huelgas. Por ejemplo, el nuevo proyecto de ley finaliza las juntas tripartitas y las reemplaza con un instituto independiente para registrar sindicatos y manejar disputas menores. También crea tribunales laborales para resolver disputas legales.
Además, la reforma laboral apuesta a que los juicios individuales no duren más de 45 días naturales, lo que representaría una reducción sustancial desde los tres o hasta cinco años que tardan las juntas de conciliación y arbitraje en resolver esas demandas.
Con información de El Financiero
