México.- En Yucatán, víctimas de violencia de género y activistas denuncian que les fueron retirados los custodios que tenían como medida cautelar ante confinamiento por coronavirus, temen que ahora sus agresores aprovechen la contingencia para agredirlas.
Greta, de 43 años de edad, y su hijo de 10 años, viven encerrados en su casa, en Mérida, pero no por la pandemia. Greta teme que su expareja y padre de su hijo los agreda.
Desde el pasado 12 de marzo, el policía encargado de su custodia no acude a su domicilio.
Greta recibió el papel donde le notificaban que debido a la contingencia del coronavirus y “con el fin de mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública” se “retiraban las custodias fijas establecidas”.
“Acudo a todas las instituciones para que no las devuelvan tras casi un mes estoy en completa indefensión junto con mi hijo menor”, dijo Greta.
Por años, la mujer sufrió agresiones por parte de Hugo, su expareja que, asegura, dejaron secuelas en su salud. Aunque lo denunció por intento de feminicidio, un juez federal reclasificó el delito como violencia familiar, por lo que el hombre está libre.
“La primera golpiza me dañó un ojo, me causó un microinfarto cerebral y perdí la capacidad de hablar, de ver, me violaba, me colgaba hasta que me desmayaba”, narró.
Greta no es la única que quedó expuesta a la violencia por la contingencia del COVID-19 en Yucatán. La familia de Emma Gabriela, víctima de feminicidio en 2017, así como una activista que apoyó a la familia durante el caso, también están sin protección.
“A mi hija Emma Gabriela la asesinaron en marzo 2017. Se ha demostrado la autoría intelectual, sin embargo a pesar de la ruta de violencia es insuficiente para la policía”, destacó Ligia, madre de víctima de feminicidio.
“Esto es muy preocupante porque retira escoltas y retira protección no solo a defensoras que corren peligro su vida”, señaló Adelaida Salas, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Después de que ambas víctimas se ampararon, en Twitter, la Secretaría de Gobierno de Yucatán informó que les restituía la protección.
“Fue de manera parcial porque solo le pusieron un motociclista, esta custodia es insuficiente para el grado de peligrosidad de Martín Alberto Mendina Sonda. Tiene todos los recursos para mandar asesinar a quien le de la gana, yo ya vi morir a uno de mis hijos, no quiero ver morir a otro. Ayúdenme”, agregó Ligia Canto.
El gobierno de Yucatán precisó que por la pandemia del COVID, sí hubo algunos ajustes a las custodias de víctimas de violencia de género, y aseguró que lo que se ha hecho es pedirles que se ajusten a los protocolos sanitarios ya que, indican las víctimas “a veces no quieren llevar los cuidados de sano distanciamiento propios de la contingencia. A veces quieren ir a pasear, a actividades no esenciales”, concluyó.
Con información de Noticieros Televisa.