MÉXICO.- La defensa de Rosario Robles informó que en las siguientes horas apelará la decisión del juez, a efecto de que la exfuncionaria pueda seguir el proceso en libertad, exhibiendo las garantías necesarias para tal propósito e insistió que su clienta es un “chivo expiatorio” en un tribunal de Estado.
En un comunicado, el abogado Julio Hernández calificó la medida cautelar como “innecesaria e injusta” y acusó que se enfrentan a un tribunal de Estado, donde el juez actuó por consigna; hay graves violaciones al principio de inocencia, al debido proceso.
Insistió en que Rosario Robles es inocente de los hechos que se le atribuyen y se ha demostrado con pruebas documentales, periciales y testimoniales de ello; tras la resolución del juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “no cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado”.
Refirió que tras casi 12 horas de audiencia en que la defensa de Robles Berlanga, encabezada por los abogados Julio Hernández Barros y Xavier Olea, desvirtuó todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente el juzgador decidió no sólo vincularla a proceso penal, sino imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aun cuando el delito del que la acusan no es grave.
Esto, dijo Hernández Barros, “nos habla de un proceso imparcial y por consigna” contra Rosario Robles, que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros ex funcionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos.
Insistió que “lo que acabamos de ver es un tribunal de Estado; un procedimiento inquisitivo como los que había en la Edad Media”, y sostuvo que “Rosario Robles es una víctima, una presa política”.
También refirió que las auditorías que dieron lugar a la imputación aún se encuentran sub judice, es decir, que todas estas auditorías se encuentran todavía en proceso de solventación, en proceso resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa.
“Se trata de procedimientos que no están firmes, por lo tanto, es aventurado decir que hay un quebranto patrimonial hasta en tanto no se declaren firmes estas auditorías… No se puede juzgar a nadie por un delito que no está comprobado”, sostuvo.
Respecto a los contratos realizados al amparo del Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones (que son la principal base de las acusaciones), Julio Hernández Barros expuso que cuando su defendida se dio cuenta de que se estaban realizando y que este tipo de contrataciones parecían no agradar al auditor Superior de la Federación, tomo cartas en el asunto.
“Inmediatamente tomó cartas en el asunto, emitiendo oficios para evitar que se siguieran realizando” aún y cuando son perfectamente legales y se vienen realizando, incluso hoy en día, por distintas dependencias del Gobierno Federal.
“Si la Auditoría Superior de la Federación considera que el Artículo Primero es nocivo, lo que deberá de hacer es promover ante el propio Congreso de la Unión (del que él emerge), para que por la vía legislativa sea derogado”, dijo.
Respecto a la actuación del juez de Control, la calificó como inaudita, pues se dedicó a proferir palabras de sarcasmo y de injuria a la defensa de Robles Berlanga, por lo que “creemos que este no es el trato que merece la defensa de cualquier ciudadano mexicano.
Además, sostuvo que “se ha violado el principio de presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, se han mancillado los derechos humanos de Rosario Robles”.
En cuanto a diferentes versiones periodísticas que han publicado que Rosario Robles atribuyó presuntas responsabilidades de José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto, el abogado aclaró que son completamente falsas.
“Fue precisamente el juez quien puso sus palabras en boca de mi defendida para ufanarse de que investigar a estos dos exservidores públicos podría ser una joyita”, comentó.
Con información de Notimex / Foto: EFE
