Ciudad de México. – Funcionarios federales se reunieron con las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en el contexto de los operativos policiacos en el municipio de San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2016.
El objetivo del encuentro, encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, es revisar la ruta de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) contra el Estado mexicano por las graves agresiones que sufrieron las víctimas.
En la reunión participan las once mujeres victimas de la tortura sexual cometida por policías que participaron en los operativos, así como representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que las ha acompañado en todo el proceso de búsqueda de justicia.
A finales del noviembre del año pasado, la CorIDH dictó la sentencia en la que resolvió que el Estado mexicano es responsable por la tortura sexual, violación y tortura sufridas por 11 mujeres en Atenco, durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
La resolución indica que México es responsable internacionalmente por agresiones cometidas en contra de las 11 víctimas que llevaron el caso ante esta instancia internacional, al no hallar justicia en las instancias nacionales. Sin embargo, vale destacar que el número de agraviadas fue mayor.
La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano como medidas de reparación, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.
Asimismo deberá brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas de este caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas así como crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México (responsables de la violencia y torturas sexuales).
También deberá establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
Se ordenó al Estado además el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Hace 12 años, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto, gobernaba el estado de México, la policía municipal, estatal y Federal, realizaron un operativo en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaron a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso (y varias más), quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas.
Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CERESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual.
Ante ello, se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.
En el trámite del caso ante la CorIDH, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las 11 mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada.
Asimismo, reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.
El tribunal regional concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones.
Agregó que las detenciones iniciales de las 11 mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.
Con información de La Jornada
