UIF detecta monedas virtuales como resultado de trata

MÉXICO.- En los últimos años, grupos del crimen organizado han recurrido cada vez con mayor frecuencia a las monedas virtuales para lavar dinero y evadir el rastreo de sus movimientos, por lo que desde el primer lunes de febrero, las empresas dedicadas al manejo de activos en plataformas tecnológicas están obligadas a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de transferencias extraordinarias.

 

De acuerdo con información obtenida por MILENIO, la UIF tiene detectados casos de trata de personas, principalmente de explotación sexual de mujeres, que recurren a este tipo de plataformas para comprar activos virtuales como bitcoins, enviarlos a otros países y luego monetizarlos.

Con ello se genera una red internacional para evadir el seguimiento de los recursos por parte de las instituciones financieras y que a su vez, abona a la puerta giratoria y la impunidad en los delitos.

La UIF identificó que los países más recurrentes para este tipo de evasiones o en donde se ha detectado que se envían más activos virtuales para luego monetizarlos son Suiza, Holanda y algunos del Este de Europa, además de Estados Unidos, que acapara 60 por ciento de cajeros de bitcoins en el mundo.

En México, de acuerdo con el último informe de trata de personas que presentó en junio de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 85 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, y prácticamente todas ellas son explotadas sexualmente.

El mecanismo para lavar dinero y que las autoridades no sigan su pista generalmente va vinculado a páginas que ofrecen catálogos con mujeres a las que explotan sexualmente. En estas plataformas se contratan los servicios y se paga con monedas virtuales, una vez habilitada una cuenta de bitcoins, dinero que se reparte en distintas cuentas dentro y fuera de México, que luego es cobrado en otros países y que regresa en efectivo a las bandas de tratantes.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera aprobada en marzo de 2018, conocida como ley Fintech (Finance Technology), obligó desde septiembre de 2019 a las empresas dedicadas a “custodiar, almacenar o transferir activos virtuales mediante plataformas electrónicas, digitales o similares” a registrase en el portal antilavado de la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria.

Como parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estas dependencias publicaron este 3 de febrero el formato mediante el cual dichas empresas deben alertar de movimientos que puedan intuir algún delito.

Con este nuevo proceso, a través del Grupo Egmont, la UIF podrá intercambiar información con otros 150 países para rastrear lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo desde plataformas digitales.

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional advirtió que “la amenaza del uso indebido de activos virtuales por parte de delincuentes y terroristas es grave y urgente”, por lo que emitió a sus países miembros -entre ellos México- nuevas reglas para combatir estas prácticas y “para que los proveedores de estos servicios no operen en la oscuridad”.

Estas normas se incluyeron en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y obligan a proveedores a dar información de originadores y beneficiarios de sus transacciones.

 

Con información de Milenio 

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