Ciudad de México.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Senado llamaron ayer a los congresos de los estados a adecuar sus legislaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar plenamente los derechos de este importante grupo poblacional.
El portal Excélsior.com.mx la titular del DIF, Laura Vargas, y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, anunciaron que las instituciones que presiden trabajan en un proyecto de ley local para que los estados la tomen en cuenta y se proteja la integridad de los niños. Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México, llamó a los gobiernos a destinarle presupuesto para que se concrete la ley que impactará a 40 millones de menores de edad.
Luis Miguel Barbosa, presidente del Senado, llamó a los diputados locales a no esperar a que sus gobernadores presenten los proyectos y les pidió construir, desde el Poder Legislativo, las reformas que se necesitan para proteger a los menores.
Recordó que se necesitan recursos para garantizar la implementación del nuevo ordenamiento en los tres niveles de gobierno, pues “de qué nos sirve un producto legislativo moderno, que destaca frente a la legislación de otros países, si su aplicación resulta inocua.
Necesitamos que el presupuesto de la Federación incorpore la suma suficiente para su implementación. Requerimos que los presupuestos en las entidades federativas también lo hagan y que los de los municipios, de igual forma, lo prevean”, dijo.
Por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora Martha Elena García Gómez precisó que en el encuentro se analizarán los grandes temas que contemplan la Ley General y el Sistema Nacional de Protección Integral, los 19 derechos, las facultades y nuevas atribuciones del DIF, así como las procuradurías de protección y el presupuesto que se requiere para garantizar su implementación.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, titular de la Comisión para la Igualdad de Género, consideró indispensable que las adecuaciones a las normas estatales se realicen en los términos en que fue aprobada la Ley General, a fin de evitar un retroceso en el ámbito local.
DEMANDAN NUEVA LEY CONTRA LA TRATA
Especialistas pidieron al Senado insistir en una nueva Ley contra la Trata de Personas, porque la actual “no sirve” y eso lo demuestran los propios ejecutores, quienes tienen que basarse más en el Código Penal que en la ley para llevar a la cárcel a los delincuentes.
Además, plantearon que el Senado y la Cámara de Diputados “controlen sus egos” y avancen de manera conjunta en una nueva ley, porque las disputas que tienen frenaron los cambios necesarios y urgentes.
Mónica Salazar, del Colectivo contra la Trata de Personas, lamentó que las diferencias en el Congreso genere la inactividad de instituciones que deben atender el tema.
Organizado por la Comisión contra la Trata de Personas, que preside la panista Adriana Dávila, el encuentro con especialistas para avanzar en el análisis del tema mostró coincidencia en que la legislación actual no permite castigar plenamente a los responsables.
El juez Jorge Martínez Arreguín destacó que “el trabajo que desempeñamos en el Poder Judicial, en el Distrito Federal, de alguna manera ha permitido poner a la Ciudad de México como la principal entidad en sentencias en trata de personas, pero no es suficiente ni estamos satisfechos.
El Tribunal Superior de Justicia de alguna manera interviene; desafortunadamente, cuando ya se han cometido los delitos. La procuraduría obviamente tiene en ese sentido la misma intervención, pero ¿qué está pasando desde la prevención?
“No queremos conocer de esos asuntos, no porque no queramos trabajar, sino porque no queremos que se cometan esos delitos, y si tenemos que conocer de ellos, que sea con herramientas eficientes”, dijo.
