Foto: MÉXICO.- Ante el incremento de asesinatos de periodistas y defensores en México, el Mecanismo de Protección busca reforzarse con un presupuesto de 800 millones de pesos para el próximo año, según su coordinador Enrique Irazoque.
Al contabilizar el asesinato de 58 periodistas y 107 defensores en lo que va de este sexenio, Enrique Irazoque, coordinador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reconoció que se necesita un mecanismo más fuerte para combatir la violencia que viven estos sectores, por lo que, para el próximo año se requiere, como mínimo, unos 800 millones de pesos.
Al asistir a una reunión de trabajo con las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el funcionario de la Secretaría de Gobernación aseguró que, para afrontar las agresiones a periodistas y defensores, el gobierno actual ha incrementado los recursos para este instrumento, al tiempo que se ha ampliado a más regiones y zonas del país.
Lo anterior al detallar que, en el sexenio anterior, apenas se erogaron un poco más de 780 millones de pesos en el mecanismo de protección, pero “hoy, al quinto año de Gobierno, hemos erogado más de 2,500 millones de pesos,lo que permite que podamos llegar a más zonas, a más territorios en donde más periodistas y personas defensoras lo requieren.
“Ahora llegamos a más personas, no quiere decir que antes no estuvieran en riesgo, el problema es que antes no estaban integrados al mecanismo y con la actual administración se visibilizaron”, indicó.
En este sentido, Irazoque Palazuelos, indicó que, hasta el momento, hay más de 600 periodistas integrados al Mecanismos de protección, de los cuales 161 son mujeres y 443 hombres. Además de 1,179 personas defensoras, y 387 familiares de ambos sectores.
Y mencionó que, de acuerdo con información recopilada por la Segob, hasta este momento se han contabilizado 58 asesinatos de periodistas, dos en diciembre de 2018, 14 en 2019, 17 en 2020, nueve en 2021, 13 en 2022 y tres en lo que va del año en curso.
Y por lo que respecta a personas defensoras de derechos humanos, se contabilizan 107 homicidios. Comentó que los estados con más integración de personas son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Jalisco.
Asimismo, explicó que el 50% de las agresiones o más se concentra en siete estados de la República. “Los problemas que tenemos de agresiones de periodistas y de personas defensoras, no son en las zonas urbanas (…) Las fuentes de riesgo más importantes que tienen son el crimen organizado y las autoridades locales, principalmente las municipales. Ahí puede haber hasta un 70 por ciento de la agenda de riesgo que tienen ambos sectores”, sostuvo.
Detalló que en estados como Veracruz se concentran más homicidios de periodistas; así como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Sonora concentran gran cantidad de homicidios.
Por tal motivo, resaltó la importancia de que haya una coordinación interinstitucional entre las entidades, la federación y, sobre todo, que los casos e investigaciones criminales sobre los agravios a periodistas y personas defensoras avancen.
Según lo expresado por el funcionario federal, el Mecanismo de Protección debe ser política nacional para que llegue a los territorios que más lo necesitan, y destacó la necesidad de contar con una reforma constitucional que otorgue claridad en la obligación que tienen los municipios, estados y la Federación.
Además, consideró relevante estructurar una política de prevención a nivel nacional. “Hay que seguir trabajando por un Mecanismo de Protección Federal más fuerte y pensar en una política nacional con visión de Estado. Necesitamos sumar esfuerzos entre las entidades federativas y los municipios para generar políticas de Estado”, subrayó.
Respecto al presupuesto, puntualizó que para el próximo año se requiere, como mínimo, una cantidad de 800 millones de pesos.
Asimismo, afirmó que entre los factores de riesgo para periodistas y defensores son la impunidad, la corrupción y la colusión de autoridades municipales que juegan un rol importante; más de 40% de las agresiones son cometidas por autoridades municipales.
Entre las medidas de protección mencionó que hasta el momento se han entregado más de mil 513 botones de asistencia, 72 servicios de escolta distribuidos en todo el país, lo que representa 229 elementos de seguridad, se han reubicado personas y existen 82 refugios de seguridad.
Con información de El Economista
