México. – La economía mexicana, específicamente en el mercado laboral y las finanzas públicas, podrían tener implicaciones negativas por el acuerdo de migración al que llegó México con Estados Unidos.
Entre los compromisos a los que se llegaron en las reuniones se encuentran el despliegue de 6 mil miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, así como autorizar el ingreso de todas las personas que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos, mientras esperan la aprobación de sus solicitudes de permanencia.
Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa, explicó que como México acordó principalmente gestionar todos los flujos de migrantes centroamericanos que esperan el asilo de Estados Unidos dentro del territorio mexicano, la economía nacional tendría que absorber a las personas que permanecen en el país.
“Habrá un impacto en los mercados laborales, lo que implicará cierta presión sobre los salarios y el desempleo, así como la necesidad de recursos gubernamentales adicionales para lanzar programas de trabajadores temporales”, indicó Roldán.
Además, apuntó que el gobierno tendrá que hacer espacio adicional para acomodar los gastos relacionados con la gestión de este acuerdo de migración, pero “reasignar recortes de gasto puede arriesgar la meta del 1.0 por ciento del PIB en el superávit primario o el 2.5 por ciento del PIB en los Requerimientos Financieros del Sector Público”, alertó.
Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se enfrentará a un menor crecimiento económico este año, por lo que comprometer más gasto para el tema migratorio afectará a las finanzas del gobierno.
“(Carlos) Urzúa va a tener un problema más para que le salgan las cuentas. Con un menor crecimiento será menor la recaudación y la inversión se sacrifica por los programas sociales y los proyectos inviables, además de apoyar a Pemex y CFE, así como el mayor costo de la deuda por la baja en la calificación”, dijo González.
El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, coincidió en que los estados fronterizos tendrán que hacer ajustes al gasto para proveer de empleo y oportunidades a los migrantes.
Además otorgar servicios de salud a la población migrante, como parte del compromiso que hizo México con Estados Unidos, presionará el gasto público en salud, el cual ya registra en los primeros meses del año un recorte en su presupuesto.
“Los migrantes presionarán los servicios de atención médica por medio de filas de espera y disponibilidad de recursos. Si se planea atender a un mayor número de personas, también debería estarse hablando de los recursos que se están destinando para ello”, señaló Judith Méndez, coordinadora de salud y finanzas del CIEP.
Datos de la Secretaría de Hacienda indican que en el primer cuatrimestre del año se gastaron 26 mil 188 millones de pesos en protección social en salud (atención a población en general sin seguridad social), lo que implicó una baja de 8.3 por ciento en términos reales medidos a tasa anual.
Con información de El Financiero.
