Bolivia. – La policía de Bolivia demandó ayer al gobierno de México la entrega de los nueve exministros y exfuncionarios del gabinete del depuesto mandatario Evo Morales que se mantienen refugiados en su embajada en La Paz, por considerar que “tienen que responder ante la justicia” de la nación sudamericana.
Ante ello, el subsecretario para América Latina de la cancillería, Maximiliano Reyes Zúñiga, aseguró que México se mantiene en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada tanto en la embajada como en la residencia.
“Denunciamos que se mantiene el secuestro policiaco y militar contra las instalaciones diplomáticas de México en Bolivia. Estamos en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz”, denunció en Twitter.
Sin embargo, el comandante departamental de la policía de La Paz, William Cordero, rechazó que su personal este acosando a los diplomáticos o a los exfuncionarios de Evo Morales, ya que, dijo, la policía cumple con su misión constitucional de acatar y hacer cumplir las leyes.
“Yo no creo que los personeros de la embajada de México se puedan sentir acosados; más bien ellos deberían colaborar con la justicia boliviana y entregar a las personas que se refugian al interior de la legación diplomática”, dijo a la Agencia de Boliviana de Información (ABI).
Cordero refirió que entre las personas bajo protección de México se encuentran los ex ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca, además de otros exservidores públicos del gobierno de Morales.
Añadió que estas personas están implicadas en actos de sedición y terrorismo, hechos que son investigados por el Ministerio Público, y cuentan con órdenes de aprehensión, de las cuales, aseguró los diplomáticos mexicanos tienen pleno conocimiento. Tras la deposición de Evo Morales como presidente de Bolivia, México ofreció asilo político a poco más de una treintena de exfuncionarios y legisladores, de los cuales ya solo nueve permanecen en sus inmuebles.
Ante este panorama, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsabilizó a Bolivia de cualquier afectación a su personal diplomático, así como a toda persona que se encuentre bajo protección del Estado mexicano en ese país.
“El gobierno de México exige al Estado Plurinacional de Bolivia cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento”, detalló la dependencia.
De acuerdo con la cancillería, existe un cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de ambos recintos, además de que agentes realizan grabaciones e incluso han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales.
Estas acciones, agrega la cancillería mexicana, evidentemente no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones, y solo se pueden explicar a la luz de la situación política interna por la que atraviesa ese país. Frente a este panorama, el subsecretario Reyes cuestionó si las revisiones que se le aplican al personal diplomático mexicano sean para cuidar a la representación mexicana de su propio personal.
“Para dar seguridad a la sede diplomática de México en Bolivia es que la excesiva presencia policiaca revisa a nuestro personal, o sea ¿nos cuidan de nosotros mismos?”, escribió en su cuenta de Twitter.
En tanto, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, Efraín Guadarrama, publicó una serie de fotos en las que se puede ver a más de una docena de elementos policiales a las afueras de la representación diplomática en La Paz, y algunos más vigilando desde lo lejos. En este sentido, el diplomático señaló que México seguirá denunciando el acoso que viven sus recintos diplomáticos y continuarán exhibiendo las violaciones al derecho internacional que se vive en Bolivia.
Con información de Milenio.
