Ciudad de México.- Los niños y adolescentes mexicanos sufrieron en 2017 un año “terrible” al registrarse altas cotas deviolencia y un nivel flagrante de impunidad, denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Vemos con preocupación que este 2017 fue un año terrible para la infancia en México. Observamos un patrón del Estado mexicano que reflejamos en tres elementos; silencios, vacíos y retrocesos”, dijo el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez.
El Balance Anual 2017 de la Redim, presentado este viernes, destaca un aumento de homicidios de niños y adolescentes, coincidiendo con la ola de violencia que afecta el país y que llevó al peor registro -23 mil 101 asesinatos hasta noviembre- en dos décadas.
Las estadísticas de homicidios muestran que durante los primeros cuatro años de mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2013-2016) diariamente fueron asesinados 3 niñas, niños y adolescentes, señala el informe.
Y se estima que la tasa de homicidios de la población de 0 a 17 años -de 4.1 casos por cada 100 mil habitantes en 2016- se incremente al cierre del presente año.
Desde 2006 a la fecha, cuando arrancó la llamada guerra contra el narcotráfico en México, se han contabilizado 11.470 niños y adolescentes asesinados en el país.
“Siete de cada diez son por arma de fuego, y la mayoría son varones. Hay una relación directa en homicidios y territorios donde el estado enfrenta el crimen organizado”, apuntó el experto.
Además, explicó que no hay datos oficiales sobre cuántas de estas muertes pueden corresponderse a jóvenes que forman parte del crimen organizado, y denunció que el Estado no reconozca la figura de “reclutamiento forzado”.
Estos jóvenes, prosiguió, “deberían ser reconocidas víctimas, pero aquí son juzgados”.
Otro grave problema que enfrenta la niñez en México son las desapariciones, ya que uno de cada cinco casos corresponde a menores.
Del total de 6,000 desapariciones de niñas, niños y adolescentes 7 de cada 10 han ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Con Peña Nieto se institucionalizó la epidemia de desaparición de mujeres y adolescentes”, apuntó Pérez.
Subrayó que en el céntrico Estado de México, donde el hoy presidente fue gobernador de 2005 a 2011, se registran el 25% de las desapariciones.
Por lo que respecta al total de delitos sexuales, 4 de cada 10 víctimas tenían entre 0 y 19 años; por cada 10 víctimas en este rango de edad, 8 eran mujeres y 2 hombres.
En este contexto, el titular de Redim se mostró preocupado por la rampante impunidad.
Aunque hay pocos datos, la Redim destacó que, según los Censos de Procuración e Impartición de Justicia Estatal, de los delitos observados que podrían afectar de manera directa a niñas, niños y adolescentes, solo 3 de cada 100 delitos registrados en 2015 tuvieron sentencia condenatoria.
Pérez habló de sucesos paradigmáticos que ponen de relevancia la falta de interés de las autoridades en dar seguimiento a estos casos.
Por ejemplo, recordó el caso del tráfico con 22 menores de edad en Sonora y las irregularidades en decenas de casos de adopción, denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en una reciente recomendación alertó de “dilación e irregular integración de las averiguaciones previas”.
También habló del colegio Rébsamen de la Ciudad de México, donde murieron 19 niños sepultados tras el terremoto del 19 de septiembre en México, y cuya dueña se encuentra prófuga.
En todos estos sucesos, apuntó, “la impunidad está garantizada”.
Uno de los tragedias más brutales fue el de la niña Valeria, de 11 años.
La menor desapareció el 8 de junio después de subir a un vehículo de transporte público del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y su cadáver fue hallado al día siguiente con huellas de haber sido ultrajada.
Redim, una coalición de 75 organizaciones civiles, acusó a las autoridades del “absurdo administrativo” de esperar de 48 a 72 horas para actuar.
El presunto autor del crimen no llegó a ser juzgado. Poco después de ser detenido, días después del suceso, apareció asesinado en su celda.
“Hay una clara intención de no investigar, porque hay una lógica de manejo político y mediático”, lamentó el especialista.
Este año electoral, donde se elegirán más de 3,400 cargos públicos, entre ellos el presidente y el alcalde capitalino, puede poner más si cabe en entredicho los derechos de la infancia.
Pérez recordó que no se debe usar a los niños como “mascotas electorales”. Y lamentó que los candidatos “van a buscar tener solo el lado tradicional o típico de los niños, la foto, pero no podrán el asunto en su agenda”.
Fuente: EFE vía El Heraldo
