Posicionamiento ante hechos de violencia.
La calidad de una elección auténticamente democrática, es decir, aquella que refleja fielmente la voluntad popular democráticamente formada y libremente expresada constituye el mejor instrumento con que cuenta la sociedad para canalizar y ordenar de forma pacífica la diversidad de intereses y divisiones presentes en la comunidad.
Cómo instancia encargada de organizar la elección y vigilar el adecuado desarrollo de todas sus etapas, estamos conscientes de que en este proceso de formación de la voluntad popular deben concurrir los principios fundamentales para estar en condiciones de hablar de elecciones auténticamente democráticas: pluralidad en la competencia y equidad en esa misma competencia.
Asegurar la observancia de estos principios exige trabajar para asegurar un conjunto de derechos como la libertad en el sufragio, mediante la implementación de medidas que garanticen que el voto no haya sido coaccionado, que sea secreto e informado, y que los resultados sean inalterables.
Y en tal sentido, hemos trabajado sobre el andamiaje institucional que nos brindan las leyes y en cuyo marco, con las atribuciones que se nos confieren y en algunos casos, incluso sorteando las lagunas existentes en la norma, para garantizar la equidad en las contiendas y garantizar el ejercicio de los derechos de partidos, candidatos y especialmente de los de las y los ciudadanos del Distrito Federal.
Para tal fin, hemos mantenido una actitud firme y transparente ante las irregularidades, nos hemos pronunciado en esta mesa ante ellas, pero no sólo eso, hemos adoptado iniciativas nunca antes vista, como ha sido las acciones tomadas para hacer públicos aquellos programas sociales no susceptibles de ser suspendidos, y requerimos la suspensión de todos aquellos que no estaban considerados en esta condición.
Asimismo, ante los señalamientos de partidos y candidatos, actuamos en contra de la destrucción de su propaganda, girando oficios a las autoridades delegacionales requiriendo informaran a todo su personal las consecuencias jurídicas que acarrea el incurrir en esta conducta.
De la misma forma hemos instruido los expedientes en forma exhaustiva, garantizando el debido proceso y el derecho de audiencia, para remitirlos al TEDF para que, cuando así lo considere esa autoridad, declare la existencia de responsabilidades y hemos facilitado el despliegue de fedatarios electorales en los lugares en que se ha requerido su presencia para dejar constancia de los hechos que tenían lugar en un momento determinado, constancias que en su momento, constituirán, si así lo consideran los promotores, elementos de prueba en torno a la validez de estas elecciones.
Con esta clase de acciones y con esta firmeza es que hemos afrontado el contexto en que se desarrolla esta elección, en el entendido de que el gran reto es evitar que la sofisticación de las estrategias para vulnerar la equidad y la pluralidad en esta elección, así como la voluntad de cometerlas, rebasen la capacidad de actuación que el sistema electoral mexicano nos confiere como autoridad electoral.
Sin embargo, ni el mejor esfuerzo para tutelar el ejercicio del sufragio y las campañas electorales indudablemente competitivas sustituyen el auténtico compromiso de todos los actores con la legalidad y ante la libertad del voto de la ciudadanía. Hemos requerido que se honre la obligación de cada partido y cada candidato para ceñirse a la ley y lo seguiremos haciendo. Llamamos a todos a respetar la ley y a honrar sus principios en la competencia.
En ese marco, una buena parte de las conductas denunciadas el día de hoy en esta mesa, constituyen conductas tipificadas como delitos en el ámbito que le corresponde a las Fiscalías Federal y Local para la Atención de los Delitos Electorales y en ese ámbito, insistimos, en carácter de autoridad, que no dejen de presentarse ante esas autoridades dichas denuncias.
En tal sentido, estamos convencidos que estos llamados no son estériles ni carecen de sentido, ya que no hay mejor manera de enfrentar los ilícitos tanto administrativos como penales que una clara y contundente cultura de la denuncia. Denunciar, desde esta perspectiva, no sólo es la forma que cada actor tiene para contribuir a la equidad de la competencia, sino que también es una manera de asumir el compromiso de cada uno con la democracia y responsabilidad cívica.
Por esa misma razón, queremos insistir de que estamos y seguiremos dejando constancia de todos los hechos denunciados, y corresponderá a la autoridad jurisdiccional, cuando así lo hagan valer ustedes, determinar en qué forma todas las conductas analizadas afectaron alguna fase del proceso electoral o afectaron el proceso de formación de la voluntad popular, vulnerando principios y derechos electorales internacionalmente reconocidos y protegidos, afectarán la validez de la elección.
