La Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR), desplegaron este martes a más de 5 mil elementos policiacos integrados en grupos especiales para cumplimentar órdenes específicas contra objetivos delincuenciales vinculados a los altos niveles de violencia en el país.
Como consecuencia de su labor para dar aviso de operaciones sospechosas en materia antilavado, los notarios del país han sufrido amenazas, secuestros y muertes por parte del crimen organizado.
El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, afirmó que entre sus prioridades en materia de seguridad destacan que los criminales no encuentren refugio, así como quitarles las armas y el dinero, para que esos recursos se usen en becas para los estudiantes.
“Yo sí tengo ovarios, por eso firmo mis notas. Lo que ellos no tienen a mí me sobra y el silencio es complicidad”, de esa manera respondió la periodista Miroslava Breach ante una amenaza de funcionarios públicos para que revelara sus fuentes y dejara de publicar información relacionada al crimen organizado y sus nexos con políticos.
Se les emparejan y los obligan a detener la marcha del vehículo o aprovechan una parada en algún punto carretero para despojarlos de su dinero, pertenencias, el vehículo o incluso secuestrarlos. Esa es la forma en que opera la delincuencia en las vías de comunicación del país.
Un grupo de mujeres presentaron una demanda colectiva, en Nueva York, contra el productor Harvey Weinstein y su estudio, en la que son acusados de crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas del país descalificaron el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador para otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado con miras a reducir los índices de violencia en el país.
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